Según la resolución 120/2020/QH14 que ratifica esa decisión, el mencionadoprograma se implementará por 10 años hasta 2030 y se dividirá en dos etapas decinco año cada una.
Las actividades relativas buscan reducir la brecha entre el nivel de lascondiciones de vida de los miembros de los grupos minoritarios y el promediodel país y deben contribuir a reducir en 50 por ciento el número de las aldeasy barrios con dificultades económicas especiales en 2025.
De acuerdo con lo previsto, en el primer quinquenio se destinarán alrededor deseis mil millones de dólares para el despliegue de las actividadescorrespondientes y a partir de los resultados de ese primer período se decidiráel fondo para la etapa 2026-2030.
A la hora de desplegar el proyecto, se garantizará la descentralización delpoder para que las autoridades locales implementen los programas de formaapropiada a la realidad de cada provincia.
El Gobierno se encarga de realizar el balance sobre la construcción de la nuevaruralidad y la reducción de la pobreza, y orientará las labores destinadas asolventar hasta 2025 los asuntos relativos a la escasez de terreno para elasentamiento de las etnias minoritarias, la producción y la re-estabilizaciónde la vida de los pobladores residentes en áreas vulnerables a los desastresnaturales.
Por otro lado, el Ejecutivo se responsabiliza de asegurar la atención de saluda esos grupos y la seguridad y defensa, así como la soberanía fronterizanacional y garantizar el equilibro en la distribución de presupuesto central,al lado de la movilización de la Ayuda Oficial para el Desarrollo y lacontribución de los segmentos económicos./.