El documento establece que el desarrollo de un sistema de normas al respectodebe contribuir a la realización de los objetivos trazados en el plan dedesarrollo socioeconómico y la garantía de la defensa y seguridad nacionales, ala par de priorizar la distribución del presupuesto a sectores importantes yzonas pobladas por minorías étnicas, montañosas, fronterizas e insulares, concondiciones particularmente difíciles.
El principio de asignación necesita ajustarse con la capacidad de balance, elplan de finanzas y el presupuesto estatal para el período 2022-2024 y el planfinanciero nacional para la etapa 2021-2025, priorizando recursos paraimplementar la reforma salarial.
La medida proyecta hacia la práctica del ahorro y lucha contra el despilfarro,así como la reforma administrativa para mejorar la calidad de los serviciospúblicos, utilizar eficazmente el presupuesto estatal, contribuir a larenovación de la gestión financiera del sector público, aumentar el apoyo a lospobres y los beneficiarios de políticas sociales a acceder a los serviciospúblicos, e incentivar la socialización y movilización de recursos para eldesarrollo socioeconómico.
La Resolución entrará en vigor a partir del año fiscal 2022 y el nuevo períodode estabilización presupuestaria, de acuerdo con la ley y normativa alrespecto./.