La Asamblea Nacional (AN) de Vietnam entabló el miércoles debates en torno al proyecto de Código de Procedimiento Penal (modificado) durante el noveno periodo de sesiones correspondientes a decimotercera legislatura.
Según fuentes oficiales, los delegados intercambiaron opiniones sobre las normas básicas al respecto, la garantía de proceso de pleito, aumento de cantidades de órganos designados a las pesquisas, derechos de los detenidos y/o acusados y el tiempo de la detención provisional.
Por otro lado, debatieron asuntos respecto a la obligación de grabar los interrogatorios y los pasos del procedimiento concerniente.
Durante la sesión matutina, abogaron por intensificar la responsabilidad de las entidades involucradas en la garantía de los derechos humanos y ciudadanos, tales como el derecho a guardar silencio del imputado.
Varios concurrentes expresaron su apoyo al nuevo reglamento, enfatizando que ese contenido asegurará más la trasparencia de la investigación.
Añadieron que dicha norma ayudará a los sospechosos quienes no disponen de suficientes conocimientos sobre leyes a tener tiempo para la búsqueda de apoyo legal.
Enfatizaron la necesidad de estimular la atestación sincera para disminuir el cargo y evitar al mismo tiempo el aprovechamiento de ese derecho.
Por otro lado, propusieron la grabación del proceso de interrogación a fin de evitar procedimientos de torturas corporales para la extorsión de deposiciones de los pecadores y/o sospechosos.
Remarcaron que esa regla servirá también como instrumentos defensores para los órganos investigadores o encargados de llevar a cabo el procedimiento legal en casos de que los arrestados se retracten de sus declaraciones anteriores.
En tanto, en la reunión vespertina, los delegados se pronunciaron por el derecho de los internos o acusados de copiar los documentos en expedientes de su caso una vez finalizado el proceso de pesquisa, con miras a garantizar su derecho de auto-alegación ante el tribunal.
Una parte de los diputados hicieron hincapié en la importancia de permitir ese derecho solo que los inculpados no cuenten con el respaldo de un asesor jurídico.
Por otro lado, recomendaron el acceso limitado a datos vinculados al juzgamiento una vez concluida la investigación y la digitalización y gestión estricta de esas informaciones para prevenir la pérdida y/o destrucción de las mismas.
La Fiscalía se encarga del procedimiento legal y acusación, mientras que la Corte se responsabiliza del enjuiciamiento, reiteraron.
Según las autoridades nacionales, el borrador comprende 486 artículos, 140 más que el código vigente, con la enmendación de 294 contenidos, agregación de 172, abrogación de 26 y mantenimiento de otros 20.- VNA
Según fuentes oficiales, los delegados intercambiaron opiniones sobre las normas básicas al respecto, la garantía de proceso de pleito, aumento de cantidades de órganos designados a las pesquisas, derechos de los detenidos y/o acusados y el tiempo de la detención provisional.
Por otro lado, debatieron asuntos respecto a la obligación de grabar los interrogatorios y los pasos del procedimiento concerniente.
Durante la sesión matutina, abogaron por intensificar la responsabilidad de las entidades involucradas en la garantía de los derechos humanos y ciudadanos, tales como el derecho a guardar silencio del imputado.
Varios concurrentes expresaron su apoyo al nuevo reglamento, enfatizando que ese contenido asegurará más la trasparencia de la investigación.
Añadieron que dicha norma ayudará a los sospechosos quienes no disponen de suficientes conocimientos sobre leyes a tener tiempo para la búsqueda de apoyo legal.
Enfatizaron la necesidad de estimular la atestación sincera para disminuir el cargo y evitar al mismo tiempo el aprovechamiento de ese derecho.
Por otro lado, propusieron la grabación del proceso de interrogación a fin de evitar procedimientos de torturas corporales para la extorsión de deposiciones de los pecadores y/o sospechosos.
Remarcaron que esa regla servirá también como instrumentos defensores para los órganos investigadores o encargados de llevar a cabo el procedimiento legal en casos de que los arrestados se retracten de sus declaraciones anteriores.
En tanto, en la reunión vespertina, los delegados se pronunciaron por el derecho de los internos o acusados de copiar los documentos en expedientes de su caso una vez finalizado el proceso de pesquisa, con miras a garantizar su derecho de auto-alegación ante el tribunal.
Una parte de los diputados hicieron hincapié en la importancia de permitir ese derecho solo que los inculpados no cuenten con el respaldo de un asesor jurídico.
Por otro lado, recomendaron el acceso limitado a datos vinculados al juzgamiento una vez concluida la investigación y la digitalización y gestión estricta de esas informaciones para prevenir la pérdida y/o destrucción de las mismas.
La Fiscalía se encarga del procedimiento legal y acusación, mientras que la Corte se responsabiliza del enjuiciamiento, reiteraron.
Según las autoridades nacionales, el borrador comprende 486 artículos, 140 más que el código vigente, con la enmendación de 294 contenidos, agregación de 172, abrogación de 26 y mantenimiento de otros 20.- VNA
