Hanoi (VNA) - A partir del 1 de marzo de 2026, Vietnam aplica oficialmente seis leyes consideradas estratégicas para el perfeccionamiento del marco jurídico y la movilización de recursos para el desarrollo.
Se trata de la Ley de Inteligencia Artificial 2025; la Ley de Actividades de Supervisión de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares 2025; la Ley de Recuperación y Quiebra 2025; la Ley de Inversión 2025; la Ley de Planificación 2025; y la Ley de Protección de Secretos de Estado 2025.
El paquete normativo, aprobado en 2025, apunta a reforzar la eficacia de la gestión pública, consolidar la seguridad jurídica y crear nuevas condiciones para el crecimiento sostenible.
Inteligencia artificial bajo un marco legal integral
Por primera vez, Vietnam cuenta con una ley específica que regula la inteligencia artificial (IA). Con 8 capítulos y 35 artículos, la Ley de Inteligencia Artificial 2025 establece un marco jurídico unificado para el desarrollo y la aplicación de esta tecnología, bajo principios de seguridad, responsabilidad y enfoque centrado en el ser humano.
La normativa traza la meta de convertir la IA en una infraestructura intelectual nacional, capaz de impulsar la productividad, la innovación y la competitividad. Entre las conductas prohibidas figuran el uso de sistemas de IA para violar la ley; la manipulación mediante contenidos falsificados o simulaciones engañosas; la explotación de grupos vulnerables; la difusión de información que amenace la seguridad nacional; y el uso indebido de datos en contravención de la legislación vigente.
Al mismo tiempo, la ley contempla incentivos preferenciales para el ecosistema tecnológico, facilitando el acceso a infraestructuras y datos, promoviendo la contratación pública de productos de IA y aplicando estímulos fiscales y financieros para favorecer la investigación y la comercialización.
Más control institucional y mayor descentralización
En el ámbito institucional, la Ley de Actividades de Supervisión de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares 2025 introduce ajustes relevantes para fortalecer la función de control. Con 5 capítulos y 45 artículos, la norma define principios estables y delega el desarrollo reglamentario en el Comité Permanente de la Asamblea Nacional, con el fin de garantizar flexibilidad en su aplicación.
La ley refuerza la coordinación entre órganos, precisa competencias y responsabilidades, y promueve una supervisión con mayor enfoque y eficacia.
Por su parte, la Ley de Planificación 2025, integrada por 6 capítulos y 58 artículos, perfecciona el sistema nacional de planificación, aclara la jerarquía y articulación entre distintos planes y simplifica los procedimientos. Asimismo, amplía la descentralización al asignar a ministerios y autoridades provinciales mayores competencias en la elaboración y aprobación de planes sectoriales y territoriales.
Entorno de inversión más abierto y protección reforzada de secretos de Estado
La Ley de Inversión 2025, compuesta por 7 capítulos y 52 artículos, introduce la prohibición de comercializar cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Además, elimina 39 sectores de la lista de actividades sujetas a condiciones especiales y ajusta otras 20, avanzando de un sistema de control previo a uno de supervisión posterior, en línea con el objetivo de garantizar la libertad empresarial y simplificar trámites.
En paralelo, la Ley de Protección de Secretos de Estado 2025 redefine el alcance de la información considerada sensible para la seguridad nacional. Con 5 capítulos y 28 artículos, establece criterios generales de identificación en 13 ámbitos y prevé que el Primer Ministro emita los listados específicos conforme a procedimientos estrictos.
Nuevo impulso para la recuperación empresarial
Finalmente, la Ley de Recuperación y Quiebra 2025, integrada por 8 capítulos y 88 artículos, busca superar obstáculos prácticos en los procesos de insolvencia. El texto crea condiciones más favorables para la reestructuración de empresas y cooperativas viables, al tiempo que garantiza la liquidación oportuna de aquellas sin posibilidades de recuperación.
Con la entrada en vigor de estas seis leyes, Vietnam avanza en la consolidación de su marco institucional y en la construcción de un entorno jurídico más transparente, competitivo y alineado con las exigencias del desarrollo y la integración internacional./.
