Ciudadanos vietnamitas esperan para ingresar al país en el Aeropuerto de Van Don, en la provincia de Quang Ninh (Fuente: VNA) Hanoi (VNA) - La repatriación de ciudadanos vietnamitas residentes en el ultramar con necesidades especiales y circunstancias difíciles en el contexto de la pandemia de COVID-19 es una política correcta y humanitaria del Partido Comunista y el Estado del país, aseveró hoy la Cancillería de la nación indochina.
Al referirse al reciente caso de corrupción en el otorgamiento de licencias a empresas que realizan vuelos de repatriación de coterráneos en el exterior, ocurrido en el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, la vocera de la cartera, Le Thi Thu Hang, aclaró que se procesarán los involucrados de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Según la portavoz, la tarea de organizar el regreso de connacionales residentes en el extranjero al país a causa de la pandemia, asignada por el Primer Ministro a los ministerios y localidades pertinentes, y las agencias representativas vietnamitas en el extranjero, es muy importante, urgente y sin precedentes.
Enfatizó que pese a la limitación de los recursos y la ardua lucha contra el COVID-19 en el país, Vietnam fue uno de los pocos países del mundo que realizó los vuelos continuos para repatriar a sus ciudadanos en el extranjero, hecho que fue alabado por la comunidad internacional.
En concreto, se desplegaron más de mil viajes aéreos, trayendo alrededor de 240 mil connacionales residentes en 60 países y territorios de regreso a casa de manera segura, precisó.
En cuanto al caso de infracción mencionado, precisó que la Cancillería, en coordinación con las autoridades pertinentes, está trabajando para esclarecer el caso y también decidió suspender el trabajo de los funcionarios involucrados para atender la investigación.
Al mismo tiempo, el Ministerio también ordenó a las agencias subordinadas en el país, como en el extranjero, que revisen y actualicen el proceso de manejo de los trabajos encargados, especialmente los trámites administrativos y consulares, y la protección ciudadana, en aras de garantizar la eficacia y transparencia en su función, y fortalecer la disciplina y la ética del servicio público./.
