Buenos Aires, 24 jul (VNA)- El profesor Ezequiel Ramoneda, coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, destacó en un artículo publicado en el periódico Resumen Latinoamericano el veredicto de la PCA de La Haya.
Activistas filipinos después de escuhar el veredicto de PCA (Fuente:VNA)
La Corte Permanente de Arbitraje (PCA) emitió el pasado 12 de julio un fallo con respecto a los reclamos presentados por Filipinas contra China en relación a las disputas soberanas en el Mar Oriental, que involucra además a otros países del Sudeste Asiático, como Vietnam, Malasia, Brunei e Indonesia, escribió.
La causa de la disputa está basada en la yuxtaposición múltiple de reclamos de soberanía territorial de los distintos países sobre el archipiélago Spratlys y otros elementos marítimos de los mares céntricos del Asia Sudoriental.
Estos tienen una importancia económica que estar ubicados en medio de las más importantes rutas comerciales de la región y disponer de importantes recursos energéticos (reservas de gas y petróleo) y piscícolas para las economías de la región.
Las disputas como actualmente las conocemos empiezan en el año 1995, cuando China ocupa el arrecife Mischief reclamado por Filipinas, acompañado por la condena de los otros miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN).
Con la intensión de desarrollar un modus vivendi entre las partes en el año 2002 se firma entre China y los países integrantes de la ASEAN la Declaración de Conducta de las Partes en el Mar Oriental (DOC), como también el acuerdo de libro comercio entre Beijing y el bloque regional.
Durante los últimos tiempos, China intensificó en una mayor escala y rapidez sus actividades de reclamación de tierras en las islas en disputa, a través de la construcción de faros, equipos de comunicación, radares, y equipos de vigilancia, incluso una pista de aterrizaje, precisó.
“Estas construcciones tienen un marcado perfil militar, ya que le permitirían potencialmente a China disponer de una mayor capacidad de control de facto no sólo el espacio marítimo sino el espacio aéreo de las aguas en disputa del Asia Sudoriental. Sería la infraestructura que permitiría el establecimiento de la declarada Zona de Identificación de Defensa Aérea”, opinó Ramoneda.
Esto fue acompañado de una mayor presencia de fuerzas militares y paramilitares navales chinas en las aguas del Mar Oriental, especialmente en defensa de sus supuestos derechos económicos derivados de la línea de nueve guiones, entendiéndola en la práctica hipotéticamente como si fuera una zona económica exclusiva.
Aquí se presenta la ambigüedad legal que llevo a la mayor militarización de los mares céntricos del Asia Sudoriental, donde se cruzan las zonas económicas exclusivas.
Al pretender entender toda la zona abarcada dentro de la línea de nueve guiones como una zona económica exclusiva sin tener en consideración los reclamos de los otras partes, China adoptó una postura belicosa al desatender la contemplación de los misma al momento de solucionar pacíficamente incidentes, especialmente relacionados con embarcaciones pesqueras en aguas explotadas por diversos pueblos desde hace siglos, y coartar o amenazar a libertades de navegación y sobrevuelo.
Reforzándose la presencia militar y paramilitar china, Filipinas y Vietnam, siendo los principales países críticos dentro la ASEAN por ser los más afectados por las actividades chinas, emiten una declaración conjunta sobre el establecimiento de una relación estratégica, a partir del cual los dos países buscan establecer un diálogo bilateral del alto nivel institucionalizado y poder llevar adelante, entre otras actividades, ejercicios militares costeros y navales conjuntos.
En el reciente fallo, el PCA afirmó que las actividades chinas contravenían los derechos marítimos de Filipinas en la explotación de los recursos económicos dentro de su Zona Económica Exclusiva, y las obligaciones concernientes a la seguridad de navegación, la vida en el mar, la conservación y la protección del medio ambiente marítimo.
En otras palabras, las actividades chinas se entendieron como una amenaza tanto para las embarcaciones y sus tripulantes, por la interferencia de la libertad de navegación de las aguas en disputa, como el medio ambiente, por la destrucción de los arrecifes para la construcción de islas artificiales.
De esta manera, aunque no resolvió sobre la cuestión de fondo de la soberanía, el fallo vino a despojar legalmente de gran parte de los fundamentos de la línea de nueve guiones a partir de la cual China afirma tener soberanía indiscutible sobre el archipiélago Spratlys, al no adecuarse a las provisiones del derecho internacional marítimo expresado en la UNCLOS.
Este fallo legal trajo consigo repercusiones geopolíticas en el Asia Oriental, ya que concierne a la seguridad de la región. Por otro lado, el gobierno chino ha expresado que no respetará el fallo del PCA, exponiendo que lo que se encontraba detrás de sus actividades es un unilateralismo mantenido por una coerción desproporcionada.
Esto planteará no sólo un incremento de las tensiones entre las partes en disputada, sino también a la sociedad internacional al tratarse de un desafío al derecho internacional, particularmente al derecho internacional del mar, criticó.
Aunque las implicancias del fallo solo afecta a Filipinas y China, indirectamente favorece los fundamentos de los reclamos de otras estados con sus propias disputas con China por las aguas del Mar Oriental, que ven vulnerados su derechos marítimos de la misma manera que Filipinas por las actividades chinas.
La actitud china no está salvaguardando el orden internacional, lo está poniendo en peligro, concluyó.-VNA
