Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam llevó hoy a cabo una sesión plenaria en el marco de su noveno período de sesiones, donde aprobó mediante votación siete leyes importantes.
Con 435 votos a favor de 438 diputados presentes (equivalente al 91,00% del total del Parlamento), se dio luz verde a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (modificada). Esta normativa, que consta de 7 capítulos y 73 artículos, entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2025, aunque algunos artículos comenzarán a aplicarse desde el 1 de julio de 2025.
La norma concreta las resoluciones del Partido, recoge puntos clave de la Resolución 193/2025/QH15 y, al mismo tiempo, introduce regulaciones más flexibles y pioneras.
En materia de finanzas y gestión de bienes para la investigación científica, la ley cambia el enfoque de “gestión del gasto” a “gestión basada en resultados”, promoviendo la autonomía, la innovación y la comercialización de los hallazgos. Los bienes y resultados pertenecen a la organización principal desde su creación y no deben devolverse al presupuesto. Además, establece un mecanismo de asignación basado en la eficiencia, acepta riesgos controlados y brinda apoyo flexible para la innovación.
El Parlamento aprobó también la Ley de Energía Atómica (modificada) con 441 votos a favor de 442 diputados (92,26%). Esta ley, compuesta por ocho capítulos y 73 artículos, entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Regula el desarrollo y uso de la energía atómica; la seguridad y protección nuclear; la gestión de centrales nucleares y reactores de investigación; además de la gestión de incidentes y compensaciones por daños causados por radiación o energía nuclear.
Aplica a organizaciones y personas dentro del país, vietnamitas residentes en el extranjero, así como a entidades y personas extranjeras, y organizaciones internacionales que desarrollen actividades en el sector nuclear en Vietnam.
La ley revisa y ajusta las regulaciones sobre inversión, construcción, operación y supervisión de la seguridad nuclear, asegurando coherencia legal y alineación con las directrices del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
También establece un mecanismo de transición para proyectos existentes antes de su entrada en vigor y encarga al Gobierno emitir documentos para superar obstáculos y acelerar los proyectos nucleares.
La Ley de Ferrocarriles (modificada) fue aprobada con 426 votos a favor de 440 diputados (89,12% del total). Cuenta con 4 capítulos y 59 artículos, y entrará en vigor el 1 de enero de 2026, aunque algunos artículos se aplicarán desde el 1 de julio de 2025.
Esta ley regula las actividades ferroviarias y las responsabilidades de organizaciones y personas, nacionales y extranjeras, que operen en Vietnam.
Siguiendo la política del Partido sobre descentralización y delegación de poderes, la ley asigna al Ministro de Construcción la aprobación de la planificación de la red ferroviaria, en lugar del Primer Ministro. También se modifica la Ley de Planificación para asegurar coherencia legal.
Se fomenta la inversión privada en proyectos ferroviarios y se permite el uso de capital fuera del presupuesto mediante esquemas de Asociación Público-Privada (APP) o inversión directa. El Estado garantizará el financiamiento para compensaciones y reubicaciones, sin que esa suma se incluya dentro de la proporción de capital estatal en proyectos APP.
La Asamblea también aprobó la ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Organizaciones de Crédito, con 435 votos a favor de 443 diputados (91%). Esta ley consta de 3 artículos, entrará en vigor el 15 de octubre de 2025, y será implementada por el Gobierno.
Modifica disposiciones sobre el manejo de deudas incobrables y fortalece la supervisión y auditoría en la recuperación de garantías.
Destaca la transferencia de la autoridad para decidir préstamos especiales con tasa de interés 0% y sin garantías, del Primer Ministro al Banco Estatal. Esta medida aplicará solo a organizaciones de crédito con dificultades graves de liquidez o en proceso de recuperación o transferencia obligatoria, con el objetivo de proteger a los depositantes y garantizar la seguridad del sistema bancario.
Con 440 votos a favor de 447 diputados (92,05% del total), el Parlamento aprobó la ley que modifica y complementa algunos artículos de la Ley del Frente de la Patria de Vietnam, la Ley de Sindicatos, la Ley de Juventud y la Ley de Implementación de la Democracia en la Base. La legislación consta de 5 artículos y entrará en vigor el 1 de julio de 2025.
Su contenido se basa en la Constitución de 2013 y la Resolución 203/2025/QH15, clarificando el papel principal, la coordinación y el consenso del Frente de la Patria de Vietnam.
Establece con claridad que organizaciones político-sociales como Sindicatos, Asociación de Agricultores, Juventud, Asociación de Mujeres, Asociación de Veteranos y otras entidades públicas encargadas por el Partido y el Estado, están subordinadas y operan unificadamente dentro del sistema del Frente de la Patria.
Además, se ajusta para adecuarse a la estructura de gobierno local de dos niveles.
El Parlamento ratificó también la ley que modifica y complementa algunos artículos de 11 leyes relacionadas con asuntos militares y defensa, con todos los votos a favor de los 451 diputados presentes (94,35% del total). Consta de 12 artículos y entrará en vigor el 1 de julio de 2025.
Modifica y complementa disposiciones de 11 leyes sobre temas militares y de defensa, como la Ley de Defensa Nacional, Ley de Servicio Militar, Ley de Milicias Populares, adaptándolas a la política de reorganización administrativa y al modelo de gobierno local de dos niveles, asegurando coherencia con otras leyes relacionadas.
Por último, se aprobó la ley que modifica y complementa algunos artículos del Código Procesal Penal, con 445 votos a favor de 449 diputados (93,10% del total). Consta de 2 artículos, entrará en vigor el 1 de julio de 2025, modifica 120 de 150 artículos y añade 1 artículo nuevo.
Amplía funciones y autoridad para investigadores que son jefes o subjefes de policía en comunas; autoridades del fiscal general y subfiscal general en el proceso de apelación ante el Tribunal Supremo; y jueces principales y adjuntos del Tribunal Supremo en apelaciones.
En cuanto a la pena de muerte, establece que si un año después de recibir opiniones del presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general no hay decisión presidencial para conmutarla, la autoridad competente debe ejecutar la sentencia.
También introduce el principio de detención en casos urgentes antes de solicitar extradición desde el extranjero, con detalles que se regularán en la ley de extradición./.
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