Da Nang, Vietnam (VNA)- El Tribunal Popular de Hanoi abrirá en enero próximo un juicio de primera instancia contra Tran Van Minh y Van Huu Chien, expresidentes del Comité Popular de la ciudad central de Da Nang, y sus cómplices, en un caso sobre manejos indebidos en relación con viviendas públicas.
Phan Van Anh Vu, expresidente de la Junta administrativa de la empresa de construcción 79 y las corporaciones I.V.C y Nhat Gia Phuc (Foto: VNA) Según el plan, las sesiones judiciales se prolongarán por dos semanas, hasta el 15 de enero de 2020.
La mayoría de los 21 acusados son exfuncionarios del gobierno municipal y los restantes son empresarios.
A un total de siete implicados se les imputa la “violación de las normas de gestión y uso de bienes estatales, provocando pérdidas y despilfarro”, e igual cantidad fueron acusados de “transgredir regulaciones sobre la gestión de terrenos”.
En especial, se le atribuyen esos dos cargos a Van Minh, Huu Chien, Phan Van Anh Vu (expresidente de la Junta administrativa de la empresa de construcción 79 y las corporaciones I.V.C y Nhat Gia Phuc), a Nguyen Ngoc Tuan (expresidente del Comité Popular de Da Nang), Phan Xuan It (exsubjefe de la Oficina del gobierno local), a Nguyen Quang Thanh (exdirector de la compañía Minh Hung Phat) y a Phan Minh Cuong (exdirector de I.V.C. y director general de la empresa de construcción 79).
De los 21 imputados, tres fueron arrestados temporalmente y a 18 se les prohíben salir de la zona de residencia.
Según el acta de acusación de la Fiscalía Popular Suprema, se trata de un caso de especial gravedad acontecido en Da Nang, y la mayoría de los acusados son exfuncionarios importantes de esa metrópolis.
Por motivos diversos, Van Minh y sus cómplices infringieron de forma grave las leyes y normas referentes a la gestión y el uso de propiedades estatales y de terreno, en el período 2006- 2014, favoreciendo a Anh Vu a obtener ganancias ilícitas a gran escala, lo que causó grandes afectaciones al presupuesto estatal.
En particular, Van Minh respaldó a Anh Vu para que pudiese beneficiarse de los derechos de usufructo de diferentes bienes inmuebles públicos y proyectos relativos. Esas transgresiones provocaron una pérdida de más de 950 millones de dólares./.
