Hanoi (VNA)- El Gobierno vietnamita unificó los decretos que detallan algunos artículos de la Ley de Vivienda sobre el desarrollo y la gestión de viviendas sociales, con el fin de perfeccionar el marco jurídico, abordar los cuellos de botella y crear incentivos para la construcción de dichas instalaciones, satisfaciendo así la necesidad de alojamiento de las personas de bajos ingresos, los beneficiarios de políticas sociales y las fuerzas armadas.
De acuerdo con la nueva regulación, el Decreto N.º 100/2024/ND-CP ha sido modificado y complementado por el N.º 261/2025/ND-CP y el N.º 54/2026/ND-CP (vigente desde el 9 de febrero de 2026). El contenido del documento regula de manera sincronizada todas las etapas, desde la preparación del proyecto y la selección del inversor, hasta los mecanismos de incentivos y la secuencia de trámites para la compraventa, el alquiler y la gestión operativa de viviendas sociales, alojamientos para trabajadores y hogares para las fuerzas armadas.
El alcance de aplicación se ha ampliado, abarcando desde la asignación de fondos de tierras en proyectos de vivienda comercial hasta las políticas de apoyo con préstamos preferenciales a través del Banco de Políticas Sociales, contribuyendo a crear una base legal transparente para la implementación de las obras de vivienda social.
Cabe destacar que el decreto establece muchos mecanismos de incentivos para atraer inversiones. Los inversores pueden obtener un beneficio fijo máximo del 10% sobre el área de vivienda social; además, quedan exentos del pago del uso del suelo y del alquiler de la tierra por la superficie total del proyecto.
Asimismo, se les permite destinar un máximo del 20% del área de suelo residencial o de la superficie de construcción para desarrollar viviendas comerciales y servicios con el fin de compensar costos y reducir el precio de la vivienda social; también pueden acceder a fuentes de financiamiento preferencial con un préstamo máximo del 80% de la inversión total en el caso de proyectos destinados exclusivamente al alquiler.
En cuanto a la reserva de tierras, el decreto estipula claramente la responsabilidad de las localidades en la asignación de suelo para el desarrollo de viviendas sociales. En las urbes, los proyectos de vivienda comercial deben reservar el 20% del área de suelo residencial con infraestructura ya invertida para la construcción de viviendas sociales; si no es posible realizarlo en el lugar, se debe asignar en otra ubicación o pagar una cantidad equivalente al presupuesto local.
Para los ciudadanos, se mantiene la política de crédito preferencial con una tasa de interés del 5,4% anual y un plazo de préstamo máximo de 25 años en el Banco de Políticas Sociales. Además, se han flexibilizado los requisitos de ingresos, creando oportunidades de acceso a la vivienda social para un mayor número de personas.
El proceso de revisión de expedientes está regulado de forma estricta, con la publicación de listas de beneficiarios aptos en los portales electrónicos pertinentes, para limitar el aprovechamiento indebido de las políticas y garantizar la transparencia.
Por otro lado, se han añadido normativas sobre el desarrollo de alojamientos para trabajadores en los parques industriales, con estándares de medio ambiente e infraestructura técnica que aseguren condiciones de vida dignas para los empleados.
La promulgación de estas normativas reafirma la atención del Partido y el Estado de impulsar la vivienda social, garantizar el bienestar social e impulsar un mercado inmobiliario estable y sostenible./.
VNA
