El documentopidió a las agencias estatales garantizar la transparencia y la ciberseguridad enel procesamiento al respecto.
Se prohíbecualquier intervención ilegal que falsifique registros de datos, transaccionesde pago, resultados de procedimientos administrativos, información documentaday copia de datos.
El decretotambién prohíbe a los servidores públicos suplantar, apropiarse o usarilegalmente identidades electrónicas de organizaciones, individuos oautoridades.
Losfuncionarios o servidores públicos son responsables de notificar a lasorganizaciones e individuos sobre la recepción oficial de su solicitud, opedirles la enmienda y la complementaciónde sus documentos dentro de ocho horas hábiles después de ser enviados al Portalde Servicio Público Nacional o los de ministerios y provincias.
El decretoentrará en vigencia a partir del 22 de mayo de 2020./