Hanoi (VNA)- El Tribunal Popular de Alto Nivel de Hanoi escuchará hoy las apelaciones del exministro de Salud Nguyen Thanh Long y de otros 10 acusados relacionados con el fraude de kits de prueba de COVID-19 ocurrido en la empresa de Viet A, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y otras entidades y organizaciones afines.
Tras el juicio en primera instancia, Phan Quoc Viet, director general del Viet A, y Nguyen Thanh Long, exministro de Salud, solicitaron una reducción de sus penas. Vu Dinh Hiep, subdirector general de Viet A, pidió una revisión y reevaluación de la verdadera naturaleza del caso y la sentencia contra el acusado.
La empresa Viet A también presentó una apelación para solicitar que no se confisque al fondo estatal la cantidad de dinero considerado que se benefició ilegalmente de la venta de kits de prueba de COVID-19 a organizaciones e individuos no involucrados.
La firma también urgió que las organizaciones que compraron los test sin pasar por procedimientos de licitación paguen a Viet A de acuerdo con el contrato firmado. Además, exigió al Tribunal de Apelación que levante las restricciones de transacciones a sus cuentas bancarias y a las de empresas en su sistema que no se relacionan con el caso.
Varias personas con derechos y obligaciones conexos también apelaron ante el tribunal para que reconsiderara la liquidación de los activos relacionados con ellos.
La audiencia se prolongará por tres días.
En el juicio en primera instancia celebrado del 3 al 12 de enero con 38 acusados, Phan Quoc Viet fue condenado a 29 años de prisión por dar sobornos y violar las normas de licitación, lo que provocó graves consecuencias. Nguyen Thanh Long fue sentenciado a 18 años de prisión por aceptar sobornos.
Chu Ngoc Anh, exministro de Ciencia y Tecnología, y Pham Cong Tac, exviceministro de Ciencia y Tecnología, fueron sancionados a tres años de prisión por violar las normas sobre gestión y uso de bienes del Estado, provocando pérdidas y despilfarro.
Otros imputados por el escándalo de las pruebas de COVID-19 recibieron penas de prisión que van desde 24 meses a cinco años y seis meses de cárcel./.
