Hanoi  (VNA) - La eficiencia de las empresas estatales durante el período 2011-2016 no se corresponde con los recursos que poseían, según un informe dado a conocer hoy ante la Asamblea Nacional de Vietnam.

La Asamblea Nacional de Vietnam (Fuente: VNA)

Ese documento, recopilado por un grupo del Parlamento encargado de la supervisión de la gestión y el uso de los bienes estatales en las entidades durante ese plazo, señala que a fines de 2016 el país contaba con 583 entidades propiedad del Estado.

Muchas registraron crecientes ganancias durante esos años y cumplieron, básicamente, su papel como un importante impulso para la economía, evalúa el informe.

Los ingresos de ese sector totalizaron 66 mil millones de dólares en 2016, para ganancias antes de impuestos de seis mil 100 millones de dólares. Las empresas que reportaron mayores rendimientos fueron Viettel, el Grupo Nacional de Caucho y la Corporación de Cañas y Azúcar de Vietnam.

Con respecto a las compañías controladas parcialmente por el Estado, se vendieron acciones valoradas en mil 100 millones de dólares.

Sin embargo, el informe reconoce que a pesar del notable incremento de los capitales, el ritmo de crecimiento de los ingresos, ganancias y contribución al presupuesto estatal resultó baja, con sólo un tres por ciento anualmente. Mientras tanto, las deudas se permanecieron altas, al crecer un 26 por ciento desde 2011.

Un número notable de entidades estatales reportaron pérdidas, mientras que graves casos de corrupción conllevaron a la destrucción de “gigantes” como el Grupo Nacional de Petróleo y Gas, el Grupo Químico Nacional, el Grupo de Electricidad de Vietnam y el Grupo de Carbón e Industrias Minerales.

Además, la reestructuración de ineficientes entidades y el retiro de capitales estatales de los proyectos inefectivos resultó lento. Numerosas violaciones en la implementación de las políticas y leyes sobre la gestión y el uso de bienes del Estado provocaron severas consecuencias, reseña el informe.

Por otro lado, destaca los positivos resultados alcanzados tras la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas. Durante ese período, 571 firmas fueron reestructuradas, y capitales sociales se invirtieron en las mismas, contribuyendo así a cambiar el modelo de administración, impulsar el desarrollo e incrementar su eficiencia.

No obstante, apunta el documento, algunas agencias y entidades no cumplieron las expectativas, ya que el porcentaje de acciones poseídas por el Estado en varias compañías convertidas se permaneció alto, mientras el número de acciones vendidas en las ofertas públicas de venta resultó inferior a lo planeado.

Ese grupo del Parlamento admitió que al lado de los objetivos económicos, esas empresas tuvieron que cumplir con las tareas políticas y de bienestar social en medio de la inestabilidad económica en el país, la región y en el mundo, panorama que afectó el ritmo de crecimiento, ingresos y ganancias.  

Además, señaló, el marco legal sobre la gestión y el uso de bienes estatales en las firmas aún necesita perfeccionarse.

En ese sentido, los redactores del informe propusieron que la Asamblea Nacional revise la legislación y también exhortaron a intensificar la supervisión del aprovechamiento por las compañías de los capitales del Estado, a mejorar la eficiencia de la selección y la inspección de las entidades después de la reconversión, y a fortalecer las sanciones por violaciones.   

Sugirieron, además, que el gobierno permita a las empresas estatales a declararse en bancarrota en concordancia con la legislación nacional.

El presupuesto estatal no se debe utilizar para rescatar negocios ineficientes, subraya el informe, el cual también recomienda a las compañías estatales a distribuir sus inversiones de manera centralizada. - VNA  

 

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