En época de globalización informativa, gracias a internet, garantizar la verdadera libertad de expresión por el bien del pueblo y el desarrollo de la sociedad se convirtió en prioridad de todos los Estados legítimos en el mundo.

Paralelo a la tarea de brindar mejores condiciones para ejercer esa libertad y maximizar las utilidades de la red de redes, es deber de cada nación limitar sus efectos negativos, especialmente los que pueden dañar otros derechos básicos de la ciudadanía.

Dependiendo de sus características y situación propias, cada Estado aplica políticas adecuadas para proteger la libertad de expresión y todas las naciones, sin excepción alguna, la ponen dentro de un cierto marco legal.

Sobre esos mismos fundamentos, el gobierno de Vietnam decretó en julio pasado la Resolución 72 sobre la gestión, provisión y uso de servicios e informaciones de internet, otro paso en el perfeccionamiento del aparato legal de la nación indochina.

Al contrario de maliciosos deseos e intencionales tergiversaciones de las fuerzas hostiles, abundan en el mundo ejemplos de similares medidas defensoras de verdaderas y justas libertades de expresión y de prensa.

El artículo 2385 del capítulo 115 del código penal de Estados Unidos también prohíbe todas las formas de publicación, edición, difusión, comercialización o distribución de documentos que contienen explicaciones sobre la “certeza”, “responsabilidad” y “legitimidad” de un golpe de Estado a cualquier nivel, mientras que la Constitución norteamericana autoriza el procesamiento jurídico contra el abuso de esos derechos.

Recientemente, la Autoridad de Desarrollo de los Medios de Singapur puso en vigencia un reglamento que obliga el retiro antes de 24 horas de las páginas electrónicas públicas de “informaciones destructoras de la armonía entre nacionalidades y religiones”.

El artículo 17 de la Constitución de Kirguistán legaliza “la restricción de libertades personales” en caso de necesidad para defender los derechos y las libertades de otros individuos o para mantener la seguridad, el orden social y la integridad territorial.

En sintonía, la carta magna de Senegal reconoce, en su artículo 8 la legitimidad y necesidad de regulaciones de esos derechos básicos.

Las citadas reglas, al igual que similares leyes de otros países, están en correspondencia con la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de la ONU, cuyo artículo 29 establece que “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.”

Tampoco faltan ejemplos de lamentables sucesos, incluso a nivel internacional, causados por el abuso de la libre expresión.

La inoportuna publicación por periódicos daneses y franceses hace años de caricaturas del profeta islámico Mahoma generó amplias y fieras olas de protesta de las comunidades musulmanas, incluso actos violentos.

El escándalo de escucha ilegal y violación de ética profesional de la revista de entretenimiento británica “News of the World” llevó a su cierre definitivo y obligó a Londres a decretar reglamentos de publicidad más estrictos.

Las actividades por internet se convirtieron en una parte inseparable de la vida social. Junto a sus grandes utilidades, también los usuarios deben estar conscientes sobre los peligros y riesgos, especialmente, cuando no existe un efectivo control de informaciones dañinas.

Por tanto, la Resolución 72 del gobierno vietnamita constituye un instrumento no solo recomendable sino indispensable para maximizar la utilidad de internet y consolidar la verdadera libertad de expresión. – VNA