Condenado a prisión exvicepresidente de gobierno de Ciudad Ho Chi Minh

Nguyen Thanh Tai. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) La Corte Popular de Ciudad Ho Chi Minh sentenció hoy a ocho años de prisión a Nguyen Thanh Tai, exvicepresidente del Comité Popular de la urbe, por “violar regulaciones sobre la gestión y el uso de bienes estatales, provocando pérdidas y despilfarro”.

Según el acta de acusaciones, la parcela de terreno 8-12 en la calle Le Duan, en el Distrito 1, con una superficie de más de cuatro mil 800 metros cuadrados, es propiedad del Estado, cuya administración y arrendamiento están asignados a la compañía de Gestión y Comercio de Viviendas de Ciudad Ho Chi Minh. 

El 20 de noviembre de 2007, el Comité Popular municipal aprobó la construcción de un hotel y parte de un centro comercial de conformidad con la Decisión número 09/2007/ QD-TTg.

Nguyen Thanh Tai ordenó a Nguyen Thi Thu Thuy, directora de la esa empresa y actualmente sujeto con orden de búsqueda, así como a Dao Anh Kiet, exdirector del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la ciudad; a Truong Van Ut, exsubdirector de gestión de terreno del mismo departamento; y a Nguyen Hoai Nam, exsecretario del Comité del Partido Comunista en el Distrito 2, a cometer varias violaciones de las regulaciones.

Estos sujetos cambiaron intencionalmente la política de inversión para permitir que las empresas privadas aporten capital para implementar el proyecto, y decidieron arrendar el terreno en 8-12 Le Duan sin licitación.

En este caso, Thanh Tai debe asumir la mayor responsabilidad, ya que instruyó y firmó documentos ilegales para trasladar la propiedad del terreno del Estado a una empresa privada, causando grandes pérdidas al Estado. Thuy fue cómplice de Tai y lo incitó a firmar los documentos ilegales, mientras que Kiet, Nam y Ut siguieron las instrucciones de Tai para proponer que el Comité Popular municipal apruebe recomendaciones incorrectas.

En tal línea, el tribunal dictó a Thuy, Kiet, Nam y Ut a penas de prisión de entre tres y cinco años por el delito de “violar regulaciones sobre la gestión y el uso de bienes estatales, provocando pérdidas y despilfarro”./.