Manila, (VNA) El expresidente de Filipinas, Benigno Aquino, fue acusado por supuestas acciones vinculadas con el mal uso de los mil 350 millones de dólares del presupuesto nacional para proyectos gubernamentales no ratificados por el Parlamento.
La autoridad jurídica precisó la víspera que al ex dirigente se le imputa el principio de separación de poderes.
De acuerdo con la Comisión Anti-Corrupción de Filipinas, Aquino fue criticado por el uso de ese monto durante su mandato 2010-2016 con el objetivo de obtener el respaldo de los parlamentarios.
El fiscal Conchita Carpio-Morales confirmó que Aquino ordenó en junio de 2012 al entonces secretario del Departamento de Presupuesto y Gestión, Florencio Abad, a desplegar, mediante el uso de ese monto de capital, la iniciativa “Programa de Distribución Presupuestaria”, en aras de elevar el gasto público y fortalecer el incremento económico.
Explicó que Aquino coordinó con Abad para transferir dinero a sus aliados en el Parlamento mediante ese programa.
Sin embargo, el plan se suspendió en 2014 después de la declaración del Tribunal Supremo sobre su carácter inconstitucional, debido a que sólo el Parlamento tiene derecho a ratificar los gastos presupuestarios estatales.
En caso de ser condenado, el expresidente podría recibir hasta dos años y cuatro meses de prisión.
Bajo el mandato de Aquino en 2014, el Tribunal Supremo también declaró que el programa fue ilegal e inconstitucional. No obstante, no se registró ninguna reacción al respecto. –VNA
La autoridad jurídica precisó la víspera que al ex dirigente se le imputa el principio de separación de poderes.
De acuerdo con la Comisión Anti-Corrupción de Filipinas, Aquino fue criticado por el uso de ese monto durante su mandato 2010-2016 con el objetivo de obtener el respaldo de los parlamentarios.
El fiscal Conchita Carpio-Morales confirmó que Aquino ordenó en junio de 2012 al entonces secretario del Departamento de Presupuesto y Gestión, Florencio Abad, a desplegar, mediante el uso de ese monto de capital, la iniciativa “Programa de Distribución Presupuestaria”, en aras de elevar el gasto público y fortalecer el incremento económico.
Explicó que Aquino coordinó con Abad para transferir dinero a sus aliados en el Parlamento mediante ese programa.
Sin embargo, el plan se suspendió en 2014 después de la declaración del Tribunal Supremo sobre su carácter inconstitucional, debido a que sólo el Parlamento tiene derecho a ratificar los gastos presupuestarios estatales.
En caso de ser condenado, el expresidente podría recibir hasta dos años y cuatro meses de prisión.
Bajo el mandato de Aquino en 2014, el Tribunal Supremo también declaró que el programa fue ilegal e inconstitucional. No obstante, no se registró ninguna reacción al respecto. –VNA
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