Hanoi (VNA) - La Ley de Inteligencia Artificial (IA), recientemente aprobada por la Asamblea Nacional de Vietnam, establece un marco legal esencial para el desarrollo y uso de esta tecnología en el país, con un enfoque centrado en la protección de los derechos humanos y la ética.
La nueva legislación, que promueve la innovación responsable, busca equilibrar el impulso de la IA con el control de sus riesgos sociales y éticos. El Gobierno vietnamita tiene como objetivo aprovechar esta ley para garantizar el desarrollo sostenible de la IA y fortalecer la confianza pública, protegiendo al mismo tiempo a los grupos más vulnerables de la sociedad.
La IA, una infraestructura clave para el futuro del país
El ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, destacó la importancia de la IA como "infraestructura intelectual" para Vietnam, al igual que lo son la electricidad o el internet.
En este sentido, el funcionario subrayó que la capacidad para controlar la IA otorgará al país ventajas estratégicas en sectores clave como la producción, la salud, la educación y la seguridad nacional.
Vietnam está acelerando su transición digital con la construcción de un centro nacional de supercomputación y la creación de bases de datos abiertas sobre IA, con el fin de liderar el desarrollo de esta tecnología en el Sudeste Asiático.
Además, señaló que la popularización de la IA debe convertirse en un movimiento masivo, similar a la alfabetización, para que cada ciudadano pueda acceder a herramientas avanzadas de IA a precios accesibles.
La ética como principio fundamental
El vicepresidente del Instituto de Tecnología Digital y Transformación Digital Nacional, Tran Van Son, afirmó que la aprobación de la Ley de IA marca un avance significativo en la creación de un entorno legal adecuado para el uso de esta tecnología en Vietnam.
Según Van Son, el rápido avance de la IA requiere no solo fomentar la innovación, sino también gestionar proactivamente los riesgos éticos, sociales y legales asociados a su implementación.
La ley pone a las personas en el centro de la IA, asegurando que esta tecnología esté siempre al servicio de la humanidad y bajo control humano. Para ello, establece tres pilares fundamentales: institucionalizar la ética en la IA, gestionar la tecnología según el nivel de riesgo y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.
La ética en la IA, según la ley, no es una recomendación opcional, sino un principio obligatorio para el diseño y desarrollo de productos basados en IA.
Protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva legislación es su enfoque en la protección de los ciudadanos, especialmente los niños y las personas mayores, que son considerados los grupos más vulnerables frente al avance de la IA.
En este sentido, la ley establece la obligación de etiquetar claramente los contenidos generados por IA, lo que permitirá a los usuarios distinguir entre lo creado por seres humanos y lo producido por algoritmos. Esta medida también facilitará la detección y eliminación de noticias falsas o manipuladas en las plataformas digitales.
Además, la ley prohíbe el uso de la IA para explotar las vulnerabilidades de los menores y personas mayores con fines perjudiciales. Los productos de IA destinados a los niños deberán cumplir con estándares de seguridad mucho más estrictos que los dirigidos a otros grupos.
Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam está desarrollando las infraestructuras necesarias y creando herramientas para identificar y filtrar contenido dañino en línea.
La cartera también implementará un sistema de gestión cerrado para supervisar el cumplimiento de la ley. Este sistema incluirá la creación de un Marco de Ética en IA Nacional, el desarrollo de estándares técnicos y la verificación continua de los productos de IA una vez estén en uso.
A través de este enfoque, la ley asegura que todos los productos de IA cumplirán con las exigencias éticas desde su fase de diseño, minimizando riesgos y protegiendo los derechos de los ciudadanos a largo plazo./.
