Hanoi (VNA) El Tribunal Popular de Hanoi condenó recientemente a 18 acusados de la compañía Z Holding por los delitos de "Fabricación y comercio de productos alimenticios falsificados", "Violación de las normas contables causando graves consecuencias" y "Lavado de dinero".
La sentencia de primera instancia del Tribunal Popular de la ciudad de Hanoi enfatizó claramente que el caso es excepcionalmente grave, de gran escala, complejo y prolongado.
Hoang Quang Thinh, presidente de la Junta Directiva y director general de Z Holding, y sus cómplices, organizaron la producción y distribución de alimentos nutricionales y suplementos dietéticos falsificados (leche en polvo HIUP), generando ingresos ilegales de miles de millones de dongs y causando daños a los consumidores.
Los acusados en el caso utilizaron métodos para ocultar los ingresos de la empresa, causando pérdidas significativas al presupuesto estatal, socavando gravemente la confianza pública en la gestión de la seguridad alimentaria y la equidad en los negocios.
En cuanto al control de los alimentos, el Consejo de Jueces determinó que la gestión de calidad, el otorgamiento de licencias y la postinspección son laxas. Las pruebas, la evaluación y la supervisión de la calidad de los alimentos funcionales se basan principalmente en la documentación proporcionada por las empresas, sin mecanismos de verificación independientes ni inspecciones periódicas.
El caso demuestra la falta de coordinación e intercambio de información entre las agencias de gestión estatal, las autoridades fiscales, los organismos de gestión del mercado, de salud, de industria y comercio y la policía, lo que provoca una detección tardía de las infracciones cuando las consecuencias ya son graves.
Por otro lado, existen debilidades en el control de la publicidad de estos productos. Las empresas explotan las redes sociales y a las personas influyentes para promocionar artículos de forma engañosa, mientras que las agencias reguladoras carecen de suficientes herramientas de monitoreo y sanciones contundentes.
La sentencia de primera instancia dedicó una sección a realizar recomendaciones integrales y directas encaminadas a aportar soluciones efectivas para “cerrar las lagunas” en términos de institución y tareas de gestión de los organismos estatales como se demuestra en este caso.
En consecuencia, propuso que los organismos estatales competentes investiguen y mejoren la legislación sobre gestión de la calidad y la seguridad alimentaria; revisen y modifiquen la Ley de Seguridad Alimentaria de 2010 y el Decreto Gubernamental 15/2018/ND-CP, con el fin de controlar estrictamente todos los productos alimenticios y medicamentos que afectan directamente a la salud.
El Consejo consideró que resulta necesario fortalecer la post inspección y el control periódico de los productos autodeclarados por las empresas, y establecer un procedimiento obligatorio de muestreo para cada lote de mercancías.
Sugirió además fortalecer la inspección y supervisión de los bienes que circulan en el mercado, especialmente los alimentos; así como construir una base de datos para la trazabilidad, la lucha contra el contrabando y el combate contra las mercancías falsificadas y de baja calidad.
En materia de inspección y supervisión de las finanzas y contabilidad de las empresas, propuso perfeccionar la normativa para asegurar la pronta y oportuna detección de infracciones, con sanciones severas para la contabilidad por partida doble, la evasión fiscal y el fraude contable.
Además, el Consejo solicitó al Organismo de Investigación y a la Fiscalía seguir combatiendo enérgicamente y tratando con severidad los actos delictivos en este campo./.
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