Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, destacó la necesidad de crear avance institucional y jurídico para que el país pueda avanzar con firmeza, en un artículo publicado hoy.
A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias les presenta a los lectores el texto íntegro del artículo.
Durante el proceso de liderazgo de la revolución vietnamita, nuestro Partido siempre ha sido profundamente consciente del papel de las instituciones y las leyes en el desarrollo del país. Al mismo tiempo, el Partido ha propuesto numerosas directrices y políticas para perfeccionar el sistema institucional y jurídico adecuándolas a cada etapa histórica y logrando importantes resultados. El pensamiento y la conciencia teórica sobre el Estado de derecho socialista se han perfeccionado de forma constante. Nuestro país ha formado un sistema legal relativamente sincrónico, público, transparente y de fácil acceso, que regula de manera fundamental todos los ámbitos de la vida social. Entre ellos, cabe destacar las Constituciones, así como las principales leyes y códigos en los ámbitos civil, de negocios, comercial, administrativo, penal, procesal, resolución de disputas y aproximadamente 300 leyes y códigos adicionales que aún están en vigor. Todo ello ha establecido una base jurídica para el desarrollo socioeconómico, la garantía de la defensa nacional, la seguridad y la integración internacional. Se puede afirmar que, durante los últimos 80 años, desde la fundación del Estado de los obreros y campesinos, bajo el liderazgo del Partido, nuestro país ha logrado la independencia, la reunificación, la libertad, la democracia, la paz, la estabilidad y el desarrollo porque hemos contado con una Constitución y hemos aplicado la Constitución y la ley de manera exitosa.
No obstante, si se analiza con franqueza, el trabajo de elaboración y aplicación de la ley aún presenta no pocas limitaciones y deficiencias. Algunas orientaciones y directrices del Partido no han sido institucionalizadas de manera oportuna y completa. El enfoque en la elaboración de leyes en ciertos ámbitos sigue estando orientado principalmente hacia la gestión. La calidad del marco legal aún no responde plenamente a las exigencias de la práctica. Persisten disposiciones superpuestas, contradictorias o poco claras que dificultan la implementación, obstaculizan la innovación, así como limitan la atracción y la movilización de recursos de inversión. La descentralización y delegación de poderes aún no son suficientemente fuertes; los trámites administrativos siguen siendo engorrosos y con “muchas curvas”; los costos de cumplimiento legal son todavía elevados. La implementación de las leyes sigue siendo el eslabón débil; falta un mecanismo eficaz y oportuno de respuesta a las políticas. La investigación y promulgación de políticas y leyes para abordar cuestiones nuevas avanza con lentitud, sin generar todavía un marco jurídico favorable que impulse los nuevos motores del crecimiento.
Actualmente, el mundo se enfrenta a transformaciones de carácter histórico, con dinámicas rápidas, complejas, impredecibles y difíciles de anticipar. Paralelamente, la revolución científico-tecnológica está abriendo un espacio de desarrollo infinito basado en el conocimiento y el potencial humano. En el país, tras casi 40 años de implementación del proceso de Renovación (Doi moi), nuestro país ha alcanzado logros trascendentales de significado histórico. De ser una nación pobre, subdesarrollada, devastada por la guerra, bloqueada y aislada, Vietnam se ha convertido hoy en un modelo de desarrollo para muchos países del mundo, donde, como se suele decir, “todas las personas tienen comida, ropa y acceso a la educación”. En 2024, el tamaño de la economía vietnamita ocupa el puesto número 32 a nivel mundial. El potencial en los ámbitos económico, político, cultural, social, científico-tecnológico, de defensa y de seguridad se ha fortalecido constantemente. Las relaciones exteriores se han expandido y la posición y el prestigio internacional del país continúan creciendo de manera sostenida.
Para materializar la aspiración del ascenso de la nación, debemos abordar numerosas tareas, entre las cuales una de las más fundamentales es seguir prestando atención a la mejora del sistema institucional y jurídica, con el fin de liberar plenamente las fuerzas productivas, desbloquear todos los recursos, aprovechar al máximo el potencial y las fortalezas del país, así como todas las oportunidades de desarrollo. Por lo tanto, junto con la implementación de la revolución para racionalizar el aparato organizativo y el esfuerzo por alcanzar un crecimiento económico de “dos dígitos”, el trabajo de elaboración y aplicación de las leyes debe renovarse de manera radical. En respuesta a esta exigencia, el 30 de abril de 2025, en el ambiente sangrado y heroico del 50.º aniversario de la Reunificación nacional, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista emitió la Resolución No. 66-NQ/TW sobre “La renovación del trabajo de elaboración y aplicación de la ley para satisfacer las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era” – una resolución temática de especial importancia, con numerosas decisiones estratégicas. El objetivo principal de la Resolución es construir una sociedad verdaderamente democrática, equitativa, segura y transparente; en la que el pueblo ejerza plenamente su soberanía, participe en la toma de decisiones clave del país; con una gestión y gobernanza social moderna orientada al desarrollo; que eleve la calidad de vida en todos los aspectos para la población y defienda firmemente la Patria socialista de Vietnam.
La Resolución establece como objetivo que, para el año 2030, Vietnam cuente con un sistema jurídico democrático, equitativo, sincrónico, unificado, público, transparente y viable, acompañado de un mecanismo de implementación estricto y coherente, garantizando la base legal para el funcionamiento normal, continuo y fluido de los organismos tras la reorganización de la estructura estatal, resolver los obstáculos surgidos en la práctica, abriendo camino para un desarrollo impulsado por la innovación; movilizar a todos los ciudadanos y a las empresas a participar en el desarrollo socioeconómico, con la meta de que, para 2030, Vietnam se convierta en un país en desarrollo con industria moderna y con ingresos medianos altos. Para 2025, se completará básicamente la eliminación de los "cuellos de botella" generados por disposiciones legales. Para 2027, concluirán la modificación, complementación y promulgación de nuevos documentos legales que garanticen una base jurídica coherente para el funcionamiento del aparato estatal bajo el modelo de administración pública de tres niveles. Para 2028, se completará el sistema legal sobre la inversión y los negocios, contribuyendo a posicionar el entorno de inversión de Vietnam entre los tres mejores de la ASEAN. Para 2045, Vietnam deberá disponer de un sistema jurídico de alta calidad, moderno, alineado con los estándares y prácticas internacionales avanzadas, pero adaptado a la realidad nacional, que se implemente de manera estricta y coherente, respetando, garantizando y protegiendo de forma eficaz los derechos humanos y los derechos ciudadanos. El respeto a la Constitución y a la ley debe convertirse en norma de conducta para todos los actores de la sociedad; y la gobernanza nacional será moderna con un aparato estatal racionalizado, con alto rendimiento, eficiente y eficaz.
Según la Resolución No.66-NQ/TW, la renovación del trabajo de elaboración y aplicación de la ley en el futuro debe basarse en cinco puntos de vista rectores, siendo el más importante: “garantizar la dirección integral y directa del Partido Comunista en el trabajo de elaboración legislativa; y reforzar su liderazgo en la aplicación de la ley”. La Resolución también establece que “el trabajo de elaboración y aplicación de la ley constituye el “avance dentro del avance” en la perfección del sistema institucional para el desarrollo nacional en la nueva era; es una tarea central en el proceso de construcción y perfeccionamiento del Estado de derecho socialista de Vietnam del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, bajo el liderazgo del Partido Comunista”. La Resolución exige que la elaboración de leyes deba estar estrechamente vinculada a la realidad, “basada en el terreno de la práctica vietnamita” e incorporar de manera selectiva los valores más destacados de la humanidad, garantizando la coherencia, aprovechando todas las oportunidades, abriendo el camino y desbloqueando todos los recursos; convertir las instituciones y leyes en una ventaja competitiva, una base sólida y una fuerza impulsora para el desarrollo, generando así espacio para lograr un crecimiento económico de “dos dígitos”, mejorar la calidad de vida del pueblo y garantizar la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores del país. Se debe elevar la eficacia en la aplicación de la ley, enfocándose en la construcción de una cultura de respeto y cumplimiento de la ley. La Resolución afirma: Invertir en la elaboración de políticas y leyes es invertir en el desarrollo.
Para llevar a la vida práctica la Resolución No. 66-NQ/TW y obtener resultados concretos, todo el Partido, el pueblo y el ejército deben interiorizar y cumplir eficazmente las tareas y soluciones planteadas en este documento, especialmente las siguientes fundamentales:
Primero, es necesario garantizar el liderazgo integral y directo del Partido en el trabajo legislativo, promoviendo al máximo el carácter partidista en la elaboración y aplicación de las leyes. Los comités del Partido a todos los niveles deben liderar de forma integral y directa la institucionalización de las orientaciones y lineamientos del Partido en leyes, así como fortalecer la inspección y supervisión de esta labor. Cada cuadro y militante debe ser un ejemplo y pionero en la aplicación y el cumplimiento de la ley, difundiendo el espíritu de respeto supremo a la Constitución y las leyes. Se debe considerar la elaboración y perfeccionamiento del sistema legal, así como la supervisión de su implementación, como tareas centrales, constantes y regulares de los ministerios y sectores a nivel central. Los jefes de los ministerios y organismos deben liderar directamente la elaboración legislativa y asumir la responsabilidad principal de la calidad de las políticas y normas legales en su ámbito de competencia.
Segundo, renovar el pensamiento y la orientación en la elaboración de leyes, garantizando tanto una gestión estatal eficaz como la promoción de la creatividad y la liberación del potencial productivo, activando todos los recursos para el desarrollo. La elaboración de leyes debe institucionalizar de manera plena, adecuada y oportuna las directrices del Partido, a partir del interés general de la nación; abandonar la mentalidad de “prohibir lo que no se puede controlar”; promover la democracia y respetar, garantizar y proteger eficazmente los derechos humanos y ciudadanos; garantizar un equilibrio y una razonabilidad entre el nivel de restricción de derechos y los intereses legítimos alcanzados. Las normas legales deben ser estables, simples y fáciles de aplicar, tomando las personas y las empresas como el centro. Se debe prestar atención a la investigación temprana y proactiva de estrategias y políticas basadas en la realidad y la experiencia internacional, a fin de mejorar la previsibilidad y la calidad del trabajo legislativo. Además de algunos códigos y leyes fundamentales sobre derechos humanos, ciudadanos y procedimientos judiciales que deben ser concretos, básicamente otras leyes, especialmente las que regulan el contenido sobre la creación para el desarrollo, sólo se centran en cuestiones marco y principios generales bajo la competencia de la Asamblea Nacional, mientras que las cuestiones prácticas que cambian con frecuencia se asignan al Gobierno, los ministerios, las ramas y las localidades para regularlas con el fin de garantizar la flexibilidad y la adecuación a la realidad. En lo inmediato, es crucial construir un entorno legal favorable, transparente y seguro, con bajos costos de cumplimiento; eliminar y simplificar de forma radical las condiciones irracionales de inversión, negocios, profesiones y trámites administrativos; fomentar el emprendimiento innovador y mejorar el clima de negocios. Se debe garantizar de manera sustancial la libertad de empresa, el derecho a la propiedad y la libertad contractual; asegurar la igualdad entre todos los tipos de empresas, reconociendo al sector privado como uno de los principales motores de la economía nacional. También es prioritario el desarrollo de leyes sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. Es urgente modificar y complementar documentos legales para cumplir con la política de racionalización del aparato organizativo del sistema político y la reorganización de las unidades administrativas, asociadas con la máxima descentralización y delegación de poder, según el lema “las localidades decides, las localidades ejecutan y las localidades asumen la responsabilidad”, y reestructurar nuevos espacios de desarrollo en cada localidad. Además, es necesario perfeccionar las leyes sobre la organización y funcionamiento de los órganos judiciales y auxiliares de justicia, de acuerdo con los objetivos y orientaciones de la reforma judicial.
Tercero, crear avances significativos en la implementación de la ley. Se debe fomentar al máximo el espíritu de servicio al pueblo, el pensamiento de crear facilidades para el desarrollo y la acción por el bien común entre los funcionarios y empleados públicos. Es prioritario asegurar una implementación legal eficaz para impulsar el desarrollo socioeconómico, científico, tecnológico, la innovación y la transformación digital, así como en otros sectores clave del bienestar social. Se debe fomentar una cultura de respeto a la ley, haciendo del cumplimiento constitucional y legal una norma de comportamiento en la sociedad. Es importante fortalecer la interpretación jurídica y la guía en la aplicación de la ley. Asimismo, es preciso promover el diálogo, escuchar las opiniones y resolver con prontitud las dificultades legales de individuos, organizaciones, empresas y localidades. Se debe evaluar regularmente la eficacia de las leyes después de su promulgación, aplicar tecnologías modernas y establecer mecanismos oportunos para identificar y solucionar de forma integral y rápida los "cuellos de botella" causados por las regulaciones legales.
Cuarto, mejorar la cooperación internacional en materia jurídica y el derecho internacional. Se debe aumentar la capacidad de las agencias vietnamitas para cumplir plenamente con las obligaciones jurídicas internacionales, participar activamente en la elaboración de instituciones y leyes internacionales, yen la configuración del orden jurídico global. Es fundamental gestionar eficazmente las cuestiones jurídicas internacionales que surjan, especialmente las relacionadas con el comercio y la inversión. Se deben aplicar mecanismos especiales de atracción, selección, formación y capacitación de recursos humanos altamente cualificados y con experiencia en derecho internacional y cooperación internacional en materia de derecho, y la resolución de disputas. Asimismo, se deben trazar estrategias para incrementar la presencia de expertos vietnamitas en organismos jurídicos y tribunales internacionales, y ampliar la cooperación internacional en los campos del derecho y la justicia.
Quinto, aplicar soluciones innovadoras para mejorar la calidad del personal jurídico; intensificar la transformación digital, la aplicación de la inteligencia artificial y macrodatos, así como establecer mecanismos financieros especiales para apoyar la elaboración y aplicación de la ley. Hace falta implementar políticas especiales, destacadas, con regímenes de remuneración y contratación adecuadas para atraer y mejorar la calidad de los recursos humanos dedicados al trabajo legislativo y su ejecución. Se debe invertir en mejorar la calidad de los centros de investigación estratégica y jurídica de los organismos a nivel central. Es necesario priorizar recursos para desarrollar infraestructuras de la tecnología de la información, bases de datos y la aplicación de tecnologías digitales e inteligencia artificial para la innovación y modernización del trabajo de elaboración y aplicación de leyes. Hay que poner en marcha de inmediato el proyecto de base de datos jurídicos y el de aplicación de inteligencia artificial en la elaboración, verificación y revisión de documentos legales. Se debe renovar el mecanismo de asignación, gestión y uso del presupuesto para el trabajo legislativo, garantizando oportunidad, exactitud, suficiencia y vinculación con la financiación basada en resultados, y establecer un Fondo de apoyo para la elaboración de políticas y leyes.
Un marco institucional y jurídico de calidad, que responda a las exigencias del desarrollo y refleje la voluntad del pueblo, es un factor clave para el éxito de cualquier nación. Por eso, para que nuestro país pueda avanzar con fuerza, debemos decir “no” resueltamente a cualquier limitación o deficiencia en las instituciones y leyes; no podemos tolerar debilidades en el diseño de políticas, en la redacción legislativa ni en su implementación. Con el temple y la valiosa experiencia que nuestro Partido ha acumulado en sus 95 años de liderazgo de la revolución nacional, sus 80 años de dirigir el Estado en la construcción del sistema institucional y legal, especialmente durante los 40 años de renovación, junto con la participación de todo el sistema político y el apoyo del pueblo, sin duda lograremos renovar el trabajo de elaboración y aplicación de leyes, llevando a nuestro país con paso firme hacia una nueva era- la era de riqueza, civilización, prosperidad y desarrollo. Construyamos una nación “diez veces más hermosa”, como lo deseó el Tío Ho./.
