Elproyecto de ley ha recibido el apoyo abrumador de un gran número deparlamentarios indonesios, que autorizan al presidente Joko Widodo a establecerun organismo de supervisión para sancionar a quienes infrinjan las normas sobredistribución o recopilación de datos personales.
Lamulta más alta exige el dos por ciento de los ingresos anuales de una corporación ypodría ver sus activos confiscados o subastados. Las personas pueden serencarceladas por hasta seis años por falsificar datos personales para beneficiopersonal o hasta cinco años por recopilar datos personales ilegalmente.
Laaprobación del proyecto de ley se produce después de una serie de filtracionesde datos e investigaciones sobre presuntas infracciones en empresas einstituciones gubernamentales en Indonesia, desde una aseguradora estatal, unaempresa de telecomunicaciones y una empresa de servicios públicos hasta unaaplicación COVID-19 de rastreo de contactos.
AbdulKharis Almasyhari, miembro de la Comisión que supervisa la ley, enfatizó que laaprobación refleja el esfuerzo del gobierno por garantizar la protección de losdatos personales./.