Hanoi (VNA) - La transición verde se ha convertido en una estrategia prioritaria para las empresas, sobretodo para honrar el compromiso de Vietnam de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, anunciado en la 26.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).
Frente a la creciente presión de regulaciones internacionales como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea (UE) y los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), las empresas vietnamitas deben adaptarse con rapidez para mantener su competitividad e integrarse de manera más profunda en las cadenas de valor globales.
Según la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), la transición verde genera un beneficio doble al permitir reducir entre un 15% y un 25% las emisiones de carbono y ahorrar entre un 20% y un 30% de los costos energéticos anuales mediante inversiones en energías renovables y tecnologías de eficiencia energética.
Al mismo tiempo, los productos “verdes” facilitan el acceso a mercados internacionales, fortalecen la imagen de marca y aumentan el valor de las exportaciones en el marco de acuerdos de libre comercio como el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA).
No obstante, el proceso de transición verde en Vietnam aún enfrenta importantes obstáculos. Los elevados costos iniciales de inversión constituyen la principal barrera para las pequeñas y medianas empresas, ya que la instalación de sistemas de energías renovables o tecnologías de tratamiento de residuos requiere grandes recursos financieros, mientras que los beneficios a corto plazo no siempre son evidentes. A ello se suma la escasez de recursos humanos cualificados y de tecnologías avanzadas, que sigue siendo un cuello de botella para la “ecologización” empresarial.
Una encuesta reciente de la VCCI revela que solo alrededor del 30% de las empresas cuenta con personal especializado en ESG, lo que provoca fenómenos de lavado verde (greenwashing) o retrasos en el cumplimiento de los estándares internacionales. Además, un marco jurídico aún poco armonizado, la superposición de trámites administrativos y los riesgos legales desincentivan las inversiones a largo plazo.
Con el fin de reafirmar su compromiso con el desarrollo verde, el Partido Comunista y el Estado han promulgado documentos estratégicos clave, como la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde 2021–2030 con visión a 2050, el Plan de Acción Nacional sobre Crecimiento Verde y el proyecto de desarrollo de la economía circular. Sin embargo, las empresas continúan enfrentando presiones derivadas de los procedimientos administrativos, los costos informales y las dificultades para acceder a financiamiento verde.
Para acelerar la transición verde, resulta imprescindible profundizar las reformas institucionales, establecer un marco jurídico estable y predecible, desarrollar un ecosistema eficaz de finanzas verdes, eliminar las barreras a la inversión energética y mejorar la calidad del capital humano.
En este proceso, las empresas son identificadas como el actor central y pionero, llamadas a transformar los desafíos en ventajas competitivas y a liderar el avance hacia una economía baja en carbono, con un acompañamiento efectivo del Estado./.
