Hanoi (VNA) - El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, destacó hoy que el desarrollo de viviendas sociales debe recibir una atención adecuada, con liderazgo a la altura y con un enfoque verdaderamente centrado en el pueblo y en la nación.
Esta declaración se produjo durante una conferencia nacional en línea, destinada a implementar la Resolución 201/2025/QH15 de la Asamblea Nacional, que establece mecanismos y políticas especiales para impulsar la vivienda social.
Según datos del Ministerio de Construcción, tras dos años de ejecución del plan para edificar al menos un millón de viviendas sociales destinadas a personas de bajos ingresos y trabajadores de zonas industriales, se han identificado mil 309 emplazamientos, con una superficie total de nueve 737 hectáreas.
Hasta ahora, se han puesto en marcha 686 proyectos, que representan cerca de 628 mil viviendas, alcanzando el 51% del objetivo fijado para 2025. No obstante, 18 provincias podrían no contar con proyectos concluidos para esa fecha.
Para dar impulso a esta iniciativa, la Asamblea Nacional aprobó la Resolución 201 y, posteriormente, el Gobierno emitió la Resolución 155, con medidas concretas para resolver trabas institucionales, agilizar trámites y acelerar la ejecución de proyectos en todo el país.
El jefe de Gobierno instó a los ministerios y autoridades locales a actuar con urgencia, simplificar procedimientos, asignar recursos, establecer un Fondo Nacional de Vivienda y asegurar el acceso a créditos tanto para inversores como para ciudadanos. También subrayó la necesidad de definir con precisión a los beneficiarios, garantizar la disponibilidad de terrenos adecuados y eliminar barreras administrativas.
Algunas provincias señalaron dificultades para atraer inversiones, sobre todo en regiones alejadas, donde la demanda de vivienda social aún no está claramente identificada o resulta poco atractiva para el sector privado.
Minh Chinh remarcó que la vivienda social es una política urgente y fundamental para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y para fortalecer la equidad social. A su vez, impulsa el consumo, el desarrollo urbano y la cohesión social.
Destacó que los avances logrados son fruto del esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanía, pero también advirtió sobre la falta de compromiso en algunas localidades, donde el bajo rendimiento se relaciona con una gestión deficiente, poca comprensión de las políticas y dificultades para acceder a financiamiento.
En este contexto, con un marco legal cada vez más sólido, el primer ministro recalcó que el reto ahora es ejecutar bien lo planificado. La meta es construir 100 mil viviendas en 2025 y alcanzar el millón en 2030.
Pidió diversificar los tipos de vivienda y ampliar los grupos beneficiarios: no solo trabajadores y personas de bajos ingresos en zonas urbanas e industriales, sino también funcionarios, docentes y miembros de las fuerzas armadas en regiones remotas o fronterizas.
Encargó al Ministerio de Construcción que elabore y presente en junio el decreto que detalle la implementación de la Resolución 201, así como el proyecto de creación del Fondo Nacional de Vivienda.
Por su parte, el Ministerio de Finanzas deberá garantizar los recursos necesarios a nivel central y local, mientras que el Banco Estatal facilitará el acceso a créditos, especialmente para jóvenes, y promoverá tasas preferenciales en la financiación de viviendas sociales.
Los gobiernos provinciales deberán identificar claramente a los beneficiarios, coordinarse con los ministerios de Defensa y Seguridad Pública para atender al personal de las fuerzas armadas, y colaborar con entidades como la Confederación General del Trabajo y el Frente de la Patria para aplicar de manera efectiva las políticas.
Minh Chinh también ordenó intensificar la comunicación pública sobre estas iniciativas a través de medios oficiales, redes sociales y plataformas digitales, asegurando una difusión continua, clara y adaptada a cada segmento de la población.
Enfatizó que la vivienda social no debe limitarse a grandes edificios en zonas urbanas o industriales. También debe atender las necesidades de empleados públicos, maestros y militares que residen en áreas rurales o de difícil acceso. Por eso, pidió a las autoridades locales diversificar los modelos habitacionales y adaptar las soluciones a las realidades territoriales.
Además, exigió a los presidentes de los Comités populares asumir un papel activo y firme en la implementación de las políticas, asegurando el cumplimiento de los objetivos de 2025. Les instó a trabajar directamente con los inversores para revisar el estado de los proyectos y acelerar su ejecución. Los desarrolladores con terrenos ya asignados deberán iniciar las obras en un plazo máximo de 12 meses.
Las autoridades locales deberán llevar a cabo reformas administrativas urgentes, resolver los obstáculos legales en licitaciones, construcción y fijación de precios, y prevenir cualquier tipo de corrupción, despilfarro o uso indebido de las políticas.
Las provincias que aún no hayan constituido un Comité de Vivienda Social deberán hacerlo antes de que finalice junio. Además, deberán reunirse con los desarrolladores, acompañarlos en la resolución de trabas legales y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Al reafirmar que el desarrollo de la vivienda social es una política estratégica del Partido y del Estado, el premier hizo un llamado a todos los niveles de gobierno a actuar con decisión, claridad en las responsabilidades y compromiso firme para resolver de manera sostenible el problema de acceso a la vivienda para los pobladores./.
