Hanoi (VNA)- Un año después de la entrada en funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles y de la mayor reorganización del aparato estatal en varias décadas, la estructura administrativa de Vietnam se ha vuelto más compacta, con menos niveles intermedios y una mayor descentralización de competencias hacia las bases.
Gracias a este proceso, muchos asuntos que antes debían pasar por muchas instancias administrativas ahora se resuelven directamente en la localidad. Sin embargo, la realidad también demuestra que reducir el número de dependencias es solo el primer paso.
Durante una sesión de trabajo con el Comité Directivo Central para el balance del primer año de funcionamiento del nuevo modelo organizativo del sistema político y de gobierno de tres niveles, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, destacó que en un corto período se logró completar un volumen de trabajo sin precedentes, reestructurando con éxito el aparato estatal y sentando las bases para un funcionamiento más eficiente.
Las cifras reflejan la magnitud de esta reforma. La estructura del Gobierno pasó de 22 a 17 ministerios y organismos de nivel ministerial, mientras que el número de entidades dependientes se redujo de ocho a cinco. Asimismo, se eliminó el modelo de departamentos generales en los ministerios y organismos sectoriales.
Desde el 1 de julio de 2025, todo el país pasó a operar bajo el modelo de gobierno local de dos niveles, con 34 unidades administrativas a nivel provincial y tres mil 321 a nivel comunal, concluyendo de forma simultánea las operaciones de las 696 unidades administrativas a nivel distrital.
La eliminación de los niveles intermedios sienta las bases para profundizar la descentralización y la delegación de competencias. Numerosos asuntos que antes debían pasar por el nivel distrital ahora son resueltos directamente por las autoridades comunales o provinciales. Se trata de un cambio trascendental, orientado a agilizar los procedimientos administrativos, acercar los servicios públicos a la ciudadanía y definir con mayor claridad las responsabilidades.
Paralelamente a la reorganización institucional, se llevó a cabo una profunda reestructuración del cuerpo de funcionarios y empleados públicos. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, un total de 209 mil 598 personas dejaron sus cargos en todo el país al acogerse a los regímenes y políticas de retiro derivados de la reorganización administrativa, la implantación del modelo de gobierno local de dos niveles y el proceso de racionalización de las plantillas.
Sin embargo, esta reducción no tuvo como propósito limitarse a disminuir el número de trabajadores. La orientación apunta a sustituir el modelo tradicional de gestión basado en la cantidad de personal por otro centrado en los puestos de trabajo y las necesidades reales de cada institución. En consecuencia, las plantillas ya no se conciben únicamente como una cifra, sino que se diseñan según las funciones, tareas, puestos laborales, volumen de trabajo, exigencias de transformación digital, descentralización y delegación de competencias, así como los resultados que deben alcanzar cada organismo y unidad.
No obstante, los dirigentes también reconocieron con claridad las limitaciones evidenciadas tras el primer año de funcionamiento del nuevo modelo. El secretario general y presidente To Lam afirmó que, si bien el aparato administrativo ha sido reorganizado, la calidad de su funcionamiento sigue siendo desigual. Aunque el número de dependencias se ha reducido, la eficacia de la gestión pública todavía no alcanza los niveles esperados.
Del mismo modo, pese al avance en la descentralización y la delegación de competencias, los recursos, la capacidad operativa y las herramientas de ejecución aún no responden plenamente a las exigencias de esta nueva etapa.
La experiencia en las localidades confirma, además, que las administraciones comunales asumen hoy una carga de trabajo muy superior a la de años anteriores. Ámbitos como la gestión de tierras, la construcción, las finanzas, la justicia, la agricultura, el medio ambiente y los asuntos socioculturales han incorporado nuevas responsabilidades. Mientras tanto, la capacidad del personal, las condiciones de infraestructura y el grado de desarrollo continúan siendo muy dispares entre unas localidades y otras.
En muchos lugares, la infraestructura digital no está sincronizada. Los datos se encuentran dispersos y los programas informáticos especializados no están interconectados. Las zonas remotas, montañosas y fronterizas aún enfrentan dificultades respecto a las telecomunicaciones y tecnologías de la información. En algunas localidades, el personal de base soporta una gran presión, debiendo procesar un volumen cada vez mayor de trabajo con recursos humanos insuficientes y una capacitación que todavía no se ha completado.
Por tal motivo, se advierten ciertos riesgos que deben identificarse de forma temprana. Entre ellos se incluyen las diferencias en la calidad de los servicios públicos entre las grandes ciudades y las zonas remotas, así como entre las localidades con un alto grado de desarrollo digital y aquellas que aún presentan importantes carencias. A ello se suma la creciente sobrecarga de trabajo que afronta el personal de base, una situación que puede generar temor a cometer errores, reducir la iniciativa e incluso propiciar la evasión de responsabilidades.
Además, las nuevas delimitaciones administrativas no se adaptan del todo a los espacios económicos, urbanos, zonas industriales, regiones turísticas, zonas ecológicas y corredores de desarrollo. Los ciudadanos deben desplazarse mayores distancias para acceder a los servicios públicos, lo que implica más tiempo de desplazamiento y mayores costos para realizar trámites debido a una distribución todavía insuficiente de los puntos de atención.
Frente a este panorama, numerosas localidades ya han adoptado iniciativas para mejorar la eficacia del nuevo modelo de gobierno. Sin embargo, existe un amplio consenso, tanto en el nivel central como en el local, sobre la necesidad de seguir perfeccionando el marco institucional.
Entre las prioridades figuran revisar los mecanismos de descentralización y delegación de competencias, reforzar los recursos destinados a las administraciones de base, acelerar la transformación digital, consolidar un sistema de gestión del personal basado en los puestos de trabajo, identificar y formar talento, y fortalecer al mismo tiempo la rendición de cuentas y los mecanismos de supervisión y control del poder.
Este último año ha sido solo el inicio de un gran proceso de renovación. Las dificultades y los obstáculos se van identificando con mayor claridad, y las soluciones para superarlos también se están implementando de manera más coordinada.
A medida que el marco institucional continúe perfeccionándose, los recursos se distribuyan de forma más adecuada, el personal se ubique conforme a sus capacidades reales y se potencie la transformación digital, el modelo de gobierno local de dos niveles desplegará cada vez más su eficacia./.
