Hanoi (VNA) - Un año después de la entrada en vigor de la Resolución 68-NQ/TW sobre el desarrollo de la economía privada, Vietnam muestra avances significativos en la reforma institucional y el fortalecimiento de este sector.
Sin embargo, especialistas advierten que los beneficios de estas políticas aún no llegan con la misma intensidad a las pequeñas y microempresas, así como a los hogares de negocios, que constituyen el núcleo del tejido empresarial del país.
De acuerdo con un informe del Ministerio de Finanzas, las medidas destinadas a facilitar el acceso al crédito y diversificar las fuentes de financiamiento han comenzado a dar resultados.
Al cierre de 2025, el saldo de créditos otorgados a las pequeñas y medianas empresas superó los 3,65 trillones de dongs (138,6 mil millones de dólares), lo que representa un incremento interanual del 21,73 %.
Paralelamente, el Gobierno ultima los mecanismos para poner en marcha el programa de subsidio del 2 % anual de las tasas de interés dirigido a proyectos de economía circular y empresas que adopten criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
No obstante, la implementación de estas políticas sigue enfrentando obstáculos. Le Duy Binh, director de la consultora Economica Vietnam, señaló que el mayor impacto de la Resolución 68 se ha concentrado en las grandes corporaciones, impulsadas por proyectos de inversión de gran envergadura, mientras que las pequeñas y microempresas continúan encontrando dificultades para acceder a los programas de apoyo.
Esta percepción es compartida por empresas como DACE, dedicada a la exportación de productos agrícolas orgánicos. Su director, Tran Van Hieu, afirmó que la compañía no ha recibido información sobre el programa de bonificación de intereses y sigue recurriendo a préstamos comerciales con tasas superiores al 10 %, lo que incrementa la presión financiera sobre las empresas productivas.
A ello se suman las exigencias relacionadas con las garantías crediticias y la falta de mecanismos que diferencien las condiciones de financiamiento para los sectores productivos, factores que continúan limitando el acceso al capital de numerosas pequeñas empresas.
Los expertos también alertaron sobre la necesidad de modificar el enfoque de gestión hacia los hogares de negocios y las microempresas. Consideran que tratarlos únicamente como sujetos de supervisión, en lugar de socios del desarrollo económico, incentiva a algunos a fragmentar sus actividades o regresar a las transacciones en efectivo para reducir la carga tributaria, lo que favorece la expansión de la economía informal.
Pese a estos desafíos, la creación de un nuevo marco jurídico y la ampliación de los mecanismos de asociación público-privada han fortalecido el papel del sector privado. En 2025 se iniciaron o concluyeron 564 proyectos con una inversión total de 5,2 trillones de dongs (197,6 mil millones de dólares), de los cuales cerca del 75 % fue aportado por capital privado.
Por su parte, la Asociación de la Madera y Productos Forestales de Vietnam (VIFOREST) destacó los avances en la simplificación de los procedimientos administrativos gracias a la digitalización y al cambio de un modelo basado en el control previo hacia otro centrado en la supervisión posterior.
No obstante, el sector continúa enfrentando importantes retos derivados del aumento de los costos logísticos, las barreras técnicas y las investigaciones comerciales impulsadas por mercados estratégicos como Estados Unidos.
Ante este escenario, el viceministro de Finanzas Nguyen Duc Tam aseguró que el Gobierno centrará sus esfuerzos en profundizar la reforma de las políticas fiscales, mejorar la eficiencia de los fondos estatales de apoyo empresarial, facilitar el acceso a la tierra y acelerar la transformación digital de los servicios tributarios y aduaneros, con el propósito de reducir los costos administrativos y fortalecer el entorno de negocios.
Los especialistas coinciden en que la Resolución 68 ha sentado una base sólida para impulsar el desarrollo de la economía privada. Sin embargo, subrayan que el principal desafío ahora es garantizar que sus beneficios lleguen de manera efectiva a las pequeñas y microempresas mediante una implementación más eficiente de las políticas a nivel local, condición indispensable para consolidar un sector privado más competitivo, resiliente y sostenible./.
