Hanoi (VNA) - El décimo período de sesiones de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam de la XV Legislatura culminó hoy en Hanoi con la adopción de varias legislaciones cruciales.
Entre ellas, la Ley de Tribunales Especializados en Centro Financiero Internacional (CFI) fue aprobada con 438 de 444 votos a favor (92,60%) y entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Esta ley se aplicará a los tribunales especializados, miembros del CFI, inversores y otras organizaciones e individuos involucrados en asuntos bajo la jurisdicción de dichos tribunales.
Los tribunales especializados son parte del sistema de tribunales populares, organizados y operativos según lo dispuesto en la ley, y tienen competencia para juzgar y resolver casos dentro del CFI. La ley establece claramente la creación de estas entidades en Ciudad Ho Chi Minh, cuya estructura organizativa incluye un tribunal de primera instancia, uno de apelación y un organismo de apoyo.
En cuanto a los jueces, la ley permite que sean extranjeros o ciudadanos vietnamitas. Los jueces extranjeros deben cumplir con varios criterios, como ser o haber sido jueces en otros países, abogados o expertos de prestigio, con buena moral, conocimientos especializados pertinentes, comprensión de las leyes de inversión y negocios, y al menos 10 años de experiencia. Además, deben tener dominio del idioma inglés para tramitar y resolver casos en el tribunal especializado y no superar los 75 años.
Mientras, los jueces vietnamitas deben tener prestigio, buena moral, conocimientos especializados adecuados, comprensión de las leyes, y al menos 10 años de experiencia en el juzgamiento de casos relacionados con actividades de inversión y negocios. En particular, también "deben tener capacidad en inglés para juzgar y resolver casos en el tribunal especializado".
Los jueces son nombrados por el Presidente de la República por un período de cinco años. Este Tribunal Especializado será competente para resolver casos de inversión y negocios entre miembros del CFI, o con organizaciones e individuos que no sean miembros, así como solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias o laudos arbitrales extranjeros, y otros asuntos relacionados con las actividades de inversión y negocios en el CFI.
Simultáneamente, el Parlamento aprobó la Ley de Transformación Digital con 433 de 442 votos a favor. Esta legislación se concibe como un "marco legal" que establece los principios, requisitos y directrices generales. Por primera vez, se legalizan los conceptos fundamentales de la transformación digital, abarcando desde ese término, los sistemas digitales, los datos digitales, la infraestructura digital y las plataformas digitales, hasta el Gobierno, la economía y la sociedad digitales.
Un punto clave es que la ley aclara la diferencia entre la transformación digital y la simple aplicación de tecnologías de la información: mientras que esta última solo traslada las actividades antiguas al entorno digital, la transformación digital implica un cambio en la forma de operar, administrar y proveer servicios. También regula explícitamente herramientas de macrogestión como el Programa Nacional de Transformación Digital, el Marco Nacional de Arquitectura Digital y el Marco de Gobernanza de Datos. Otro contenido destacado es la política para reducir la brecha digital, especialmente en las zonas remotas, fronterizas e insulares.
Adicionalmente, con el respaldo unánime de 436 delegados participantes, se aprobó la Ley de Reserva Nacional, que busca modernizar las operaciones de reserva nacional. El Gobierno asimiló y ajustó el principio de gestión de las mercancías de reserva nacional, señalando que las reservas estratégicas deben gestionarse de forma estricta, segura y confidencial para evitar pérdidas y despilfarros. El Estado priorizará la inversión, la investigación, el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y la transformación digital en este sector para modernizar las actividades de la reserva nacional.
En la misma jornada matutina, la Asamblea Nacional también aprobó, con la mayoría de los diputados a favor, la Ley de Recuperación y Quiebra, así como las leyes que modifican y complementan varios artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y otras 15 leyes en los sectores de agricultura y medio ambiente./.
