Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam de la XV Legislatura aprobó hoy una resolución que permite, de forma piloto, que la Fiscalía Popular inicie demandas civiles para proteger los derechos civiles de personas vulnerables o el interés público.
La resolución fue aprobada con el voto a favor de 407 de los 423 diputados presentes, lo que equivale al 85,15% del total de los parlamentarios.
Un informe resumido de la Fiscalía Popular Suprema aclaró los principios y el ámbito de aplicación. Según el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, la responsabilidad de interponer demandas para salvaguardar el interés público o los derechos civiles de las personas vulnerables suele recaer en los organismos, organizaciones o individuos pertinentes.
Sin embargo, en la práctica, estas entidades a menudo no han actuado con eficacia, dejando los intereses públicos y los derechos legítimos de los grupos vulnerables sin la protección adecuada. Han sido muy pocas las demandas de este tipo interpuestas por entidades autorizadas. Como resultado, la Fiscalía Popular propuso y recibió la aprobación de las autoridades pertinentes para implementar un mecanismo piloto que le permita iniciar demandas civiles cuando las violaciones perjudiquen a personas vulnerables o al interés público.
En virtud de este programa piloto, la fiscalía solo iniciará un caso si ya ha notificado o recomendado a los organismos o personas pertinentes que emprendan acciones legales, y si dichas acciones no se han tomado. En los casos que involucren a personas vulnerables que no puedan presentar una demanda por sí mismas, o cuyos representantes legales no puedan hacerlo, la fiscalía podrá intervenir si se le solicita. Si existen pruebas de que la falta de solicitud se debe a coacción, engaño o malentendido, la fiscalía también podrá iniciar procedimientos por su cuenta.
El papel de la Fiscalía Popular en estos casos civiles de interés público ha sido cuidadosamente considerado durante el proceso de elaboración de la política y aprobado por las autoridades competentes. Según la resolución, la Fiscalía representará al Estado en la presentación de demandas civiles cuando ninguna otra parte haya tomado medidas para proteger a las personas vulnerables o al interés público. Al mismo tiempo, conserva su función como órgano de supervisión judicial conforme a la legislación procesal civil vigente.
Su doble función, como demandante y como autoridad supervisora, se mantiene en consonancia con el mandato de la fiscalía. Garantiza que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger los intereses públicos y los derechos civiles de las personas vulnerables, a la vez que supervisa el cumplimiento de la ley durante todo el proceso judicial. Esta doble participación tiene por objeto garantizar que los casos se resuelvan de forma objetiva, precisa y eficaz.
La resolución enfatiza que, si bien las partes son generalmente responsables de aportar pruebas en los casos civiles, la Fiscalía Popular debe recabar activamente pruebas en los casos de interés público para respaldar las reclamaciones presentadas en nombre de las personas vulnerables o del público en general.
Si bien los tribunales pueden investigar durante los juicios, solo colaboran en la obtención de pruebas si los litigantes han agotado sus recursos. La resolución también destaca la importancia de las inspecciones de campo y las evaluaciones periciales para establecer hechos objetivos en casos complejos, como los daños ambientales causados por la contaminación industrial./.
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