Hanoi (VNA) – El Gobierno de Vietnam impondrá multas de hasta 50 millones de VND (aproximadamente 1.900 dólares) a los usuarios de redes sociales que difundan información falsa o fabricada, como parte de un nuevo decreto destinado a reforzar el control sobre las plataformas digitales.
El decreto, compuesto por ocho capítulos y 117 artículos, establece las infracciones administrativas, los niveles de sanción, las medidas correctivas y las autoridades competentes para imponer sanciones y levantar actas en los ámbitos de los servicios postales, las telecomunicaciones, las frecuencias radioeléctricas, las transacciones electrónicas, las tecnologías de la información (TI) y la criptografía civil bajo la gestión de la ciberseguridad.
Las sanciones se aplicarán a organizaciones, empresas e individuos vietnamitas, así como a entidades y personas extranjeras que incurran en las infracciones administrativas estipuladas en el decreto.
Entre las organizaciones sujetas a estas disposiciones figuran empresas, sucursales y unidades de los sectores de telecomunicaciones, radiofrecuencia, transacciones electrónicas y TI, además de agentes que prestan servicios postales, de internet y videojuegos en línea. También se incluyen oficinas de representación de proveedores postales extranjeros, puntos públicos de acceso a internet y telecomunicaciones, operadores de salas públicas de videojuegos en línea y proveedores de contenidos móviles.
El decreto también abarca emisoras de radio y televisión, unidades de servicio público, organizaciones sociales, asociaciones profesionales que utilizan frecuencias radioeléctricas, organizaciones no gubernamentales extranjeras que emplean radiofrecuencias, registradores de nombres de dominio, operadores de nuevos dominios genéricos de nivel superior en Vietnam, operadores de sistemas de información, organismos estatales que actúen fuera de sus funciones asignadas, proveedores de firmas electrónicas y servicios extranjeros de autenticación de firmas electrónicas, entidades que reconozcan certificados y firmas extranjeras, organizaciones que infrinjan las normas contempladas en el decreto y empresas dedicadas al comercio, exportación o importación de productos y servicios de criptografía civil.
Para los usuarios de redes sociales, el decreto prevé multas de entre 20 y 30 millones de VND (unos 770 y 1.150 dólares) por utilizar estas plataformas para actividades prohibidas. Entre ellas figuran la difusión o compartición de contenido falso, fabricado, tergiversado o difamatorio que perjudique la reputación de organismos, organizaciones o individuos; la promoción de vicios sociales, prostitución o trata de personas; la publicación de materiales obscenos o depravados; y la difusión de contenidos que atenten contra las tradiciones nacionales, la ética social o la salud pública, siempre que no constituyan delito penal.
La misma franja de sanciones se aplicará a quienes compartan imágenes explícitas de asesinatos, violencia, accidentes o escenas perturbadoras; distribuyan obras periodísticas, literarias, artísticas o publicaciones sin autorización de sus titulares de derechos, o materiales cuya circulación esté prohibida; promocionen bienes y servicios ilegales; publiquen mapas de Vietnam que tergiversen la soberanía nacional; o compartan enlaces a contenidos ilícitos en internet.
Otras infracciones contempladas incluyen el uso de redes sociales para crear contenidos que imiten reportajes, investigaciones o entrevistas periodísticas. También serán sancionados los órganos de prensa que no notifiquen a las autoridades al crear cuentas, páginas, canales o grupos en plataformas sociales nacionales o extranjeras, así como los propietarios o administradores de cuentas que no eliminen contenidos ilegales o nocivos - incluidos aquellos que afecten a menores - cuando así lo ordenen las autoridades competentes.
El decreto endurece las sanciones, elevándolas a entre 30 y 50 millones de VND (unos 1.150 y 1.900 dólares), para quienes difundan contenidos que distorsionen la historia, nieguen los logros revolucionarios, atenten contra la unidad nacional, ofendan religiones o inciten a la discriminación racial o de género, siempre que los hechos no den lugar a responsabilidad penal.
La misma franja de multas se aplicará a la divulgación de secretos de Estado, información personal confidencial u otros datos reservados que no alcancen el umbral penal, así como a la difusión de información falsa que provoque pánico social, perjudique actividades socioeconómicas, altere el funcionamiento de organismos estatales o funcionarios públicos, o vulnere los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos.
El decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2026./.
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