Hanoi (VNA) - Vietnam apuesta por consolidar un modelo de gobernanza nacional basado en la integridad, la transparencia y la modernización como condición indispensable para alcanzar un desarrollo rápido y sostenible.
En este contexto, la labor en materia de asuntos internos y la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas ha ampliado su alcance: ya no se centra únicamente en detectar y sancionar infracciones, sino también en perfeccionar el marco institucional, fortalecer el control del poder, liberar recursos y crear un entorno más eficiente para el desarrollo del país.
Durante el primer semestre de 2026, el Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado aprobaron más de 30 resoluciones, directivas, reglamentos y conclusiones relacionadas con la construcción partidista, el desarrollo socioeconómico y la prevención de la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas.
Paralelamente, la Asamblea Nacional y el Gobierno revisaron, modificaron o promulgaron cerca de 300 disposiciones legales con el objetivo de incorporar las nuevas directrices, corregir deficiencias normativas, reforzar la descentralización administrativa y garantizar un mayor control sobre el ejercicio del poder.
El cambio más significativo radica en el nuevo enfoque de la estrategia anticorrupción, que prioriza la prevención frente a la reacción. La atención se desplaza desde la sanción de las consecuencias hacia la prevención de las irregularidades desde su origen, apoyándose en el fortalecimiento institucional y en la gestión basada en datos.
En este sentido, el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, ha señalado que es necesario pasar de la resolución de casos individuales al perfeccionamiento del sistema institucional y sustituir la recuperación de activos al final del proceso por mecanismos de supervisión digital capaces de prevenir las pérdidas desde el inicio.
Esta orientación se refleja también en la estrecha vinculación entre la labor de asuntos internos, la reforma legislativa, la transformación digital y el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza del Estado.
En los seis primeros meses del año, el Gobierno, junto con ministerios, organismos y autoridades locales, revisó un total de cuatro mil 492 proyectos y obras paralizados o retrasados, de los cuales mil 531 ya han sido resueltos. Asimismo, fueron identificados 30 mil 595 inmuebles públicos excedentes tras la reorganización del aparato administrativo, y cerca de 15 mil de ellos ya han vuelto a ser utilizados.
La recuperación de proyectos estancados y de activos públicos infrautilizados se considera actualmente una prioridad para liberar recursos destinados al crecimiento económico. En este marco, el Partido ha fijado como objetivo concluir durante 2026 la resolución definitiva de estos proyectos y la reutilización de los inmuebles excedentes, estableciendo además responsabilidades concretas para las instituciones encargadas de eliminar los obstáculos que limitan el desarrollo.
Al mismo tiempo, las medidas disciplinarias y judiciales continúan aplicándose con firmeza para preservar la disciplina institucional y reforzar la confianza pública. Desde comienzos de año, los órganos competentes han sancionado a 65 organizaciones del Partido y a tres mil 375 militantes.
Las inspecciones y auditorías recomendaron recuperar cerca de 800 mil millones de dongs (30,4 millones de dólares) y 31 hectáreas de terreno, además de imponer sanciones administrativas a cientos de organizaciones e individuos y remitir 13 casos con indicios de delito a las autoridades investigadoras. Por su parte, los órganos judiciales iniciaron, procesaron y juzgaron miles de causas relacionadas con delitos de corrupción, económicos y de abuso de funciones.
La estrategia preventiva también se ha fortalecido mediante el control del poder, la transformación digital y la gestión basada en datos. La aplicación de las regulaciones del Buró Político sobre el control del poder se extiende a todos los niveles de la administración, mientras que la interconexión de las bases de datos nacionales permite mejorar los mecanismos de supervisión.
A ello se suma la simplificación de los procedimientos administrativos y la digitalización de los servicios públicos, medidas que reducen costos y tiempos de gestión, además de limitar las oportunidades de corrupción y de prácticas burocráticas que afectan a ciudadanos y empresas.
Durante la 30.ª reunión del Comité Directivo Central para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, el Despilfarro y las Conductas Negativas, el secretario general y presidente To Lam subrayó que estas políticas deben contribuir al desarrollo económico y social, evitando al mismo tiempo que los funcionarios adopten una actitud pasiva por temor a asumir responsabilidades o retrasen la toma de decisiones.
Este nuevo enfoque sitúa la labor de asuntos internos como un componente inseparable del desarrollo nacional: preservar la disciplina institucional, al tiempo que protege y respalda a los funcionarios capaces de innovar, asumir responsabilidades y actuar en beneficio del interés general.
En esta línea, el Comité Directivo también ha ordenado una revisión integral del sistema jurídico para identificar y corregir las lagunas legales que favorecen la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas, con especial atención a ámbitos estratégicos como la legislación sobre tierras y el sector de la construcción.
La construcción de una gobernanza moderna no consiste únicamente en sancionar las infracciones, sino también en impedir que estas lleguen a producirse. El objetivo es proteger los recursos públicos desde su origen, cerrar las brechas institucionales que favorecen la corrupción, fomentar la innovación y fortalecer la eficiencia de la administración pública, en consonancia con las exigencias de la nueva etapa de desarrollo de Vietnam./.
