Parlamento de Vietnam continúa debates sobre medidas para reducción sostenible de delincuencia

La Asamblea Nacional de Vietnam examinó hoy la propuesta y el informe de evaluación sobre la inversión en el Programa Nacional de Objetivos de prevención y lucha contra la delincuencia para el período 2026-2035, que prioriza la prevención temprana y proactiva desde las bases.

El ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, presenta la propuesta. Foto: VNA
El ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, presenta la propuesta. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam examinó hoy la propuesta y el informe de evaluación sobre la inversión en el Programa Nacional de Objetivos de prevención y lucha contra la delincuencia para el período 2026-2035, que prioriza la prevención temprana y proactiva desde las bases.

El ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, presentó la propuesta y señaló que el Programa tiene como objetivo movilizar la sinergia de todo el sistema político y la sociedad, colocando a la población en el centro y tomando las comunas como base.

Añadió que contempla reforzar la aplicación de la ciencia y la tecnología e implementar de manera coordinada diversas medidas para reducir de forma sostenible la delincuencia, así como la oferta, la demanda y los daños derivados de las drogas.

Según el ministro, el Programa establece seis grupos de medidas: perfeccionar los mecanismos, las políticas y el marco jurídico; movilizar y distribuir los recursos; mejorar la eficacia del aparato organizativo; intensificar las actividades de inspección, control y supervisión; impulsar la divulgación y sensibilización, y promover la aplicación de la ciencia y la tecnología, así como ampliar la cooperación internacional.

Para 2030, se propone reducir anualmente el número de personas drogodependientes y de consumidores ilegales de estupefacientes, y lograr que al menos el 50% de las comunas, barrios y zonas especiales estén libres de drogas.

Asimismo, se prevé detectar y desmantelar el 100% de los puntos y focos conflictivos relacionados con las drogas, las zonas de riesgo, los puntos de venta minorista de estupefacientes y las superficies dedicadas al cultivo ilegal de plantas que contienen sustancias narcóticas.

El Programa también fija como objetivo aumentar en más del 3% anual el número de casos de delitos relacionados con las drogas detectados y detenidos en las rutas fronterizas, marítimas, aéreas y de mensajería urgente, así como incrementar en más del 5% los casos de utilización del ciberespacio para cometer delitos que sean detectados y desarticulados.

Para 2035, se aspira a que más del 95% de la población tenga acceso a información y campañas de sensibilización sobre la prevención y lucha contra la delincuencia, que el 100% de los alumnos de educación escolar y el 90% de los estudiantes universitarios reciban formación jurídica y educación para la prevención del delito.

Asimismo, los modelos de alerta de ciberseguridad se extenderán al 100% de las unidades administrativas de nivel comunal.

El Programa también establece como objetivo reducir anualmente en más del 10% los delitos contra el orden y la seguridad sociales, y lograr que el 100% de los centros de educación general implanten modelos de escuelas seguras, libres de violencia escolar e infracciones legales.

Al presentar el informe de evaluación, Phan Chi Hieu, jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales de la Asamblea Nacional, manifestó su respaldo a la necesidad de invertir en el Programa para concretar las orientaciones del Partido sobre el fortalecimiento de la prevención y lucha contra la delincuencia.

No obstante, recomendó revisar los objetivos para garantizar su coherencia y vinculación con las tareas, actividades y recursos correspondientes. También pidió asegurar que los indicadores de las dos etapas, 2026-2030 y 2031-2035, mantengan la continuidad y eleven progresivamente las exigencias, evitando duplicidades.

En cuanto a la financiación, pidió aclarar las bases para determinar los recursos destinados a cada proyecto, las responsabilidades en la asignación de los presupuestos central y locales, así como la movilización de otras fuentes legítimas de financiación. Asimismo, se recomendó dar prioridad al apoyo a las zonas fronterizas.

También propuso aclarar los mecanismos de transición y las responsabilidades en la transferencia, recepción y gestión de los activos, equipos, datos y programas informáticos procedentes del Programa Nacional de Objetivos de prevención y lucha contra las drogas hasta 2030, con el fin de garantizar la continuidad y eficacia de la ejecución del nuevo Programa./.

VNA

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