Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam examinó hoy, durante la primera sesión extraordinaria de su XVI Legislatura, dos proyectos de ley destinados a modernizar el sistema aduanero y simplificar las condiciones para la inversión empresarial, en línea con la estrategia del Gobierno de fortalecer la transformación digital, mejorar el entorno de negocios y aumentar la eficiencia de la gestión pública.
Uno de los proyectos debatidos modifica varios artículos de la Ley de Aduanas. Según explicó el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, la propuesta consta de cuatro artículos y contempla la modificación o incorporación de 15 disposiciones para adecuar la normativa a la nueva estructura organizativa de la administración estatal.
El texto otorga al Ministerio de Finanzas la facultad de desarrollar la regulación sobre los procedimientos y la supervisión aduanera de las mercancías exportadas e importadas mediante servicios postales y de mensajería urgente. Asimismo, establece que las empresas gestoras de almacenes y puertos serán responsables de la destrucción de mercancías que representen un riesgo para el medio ambiente cuando no pueda identificarse al propietario o al responsable del transporte. Paralelamente, elimina diversas disposiciones relativas a los depósitos aduaneros y redefine determinadas competencias del Gobierno en materia de organización y funcionamiento del sistema aduanero.
En su informe de evaluación, la Comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos y Judiciales respaldó la necesidad de reformar la legislación para adaptar el marco jurídico a las resoluciones del Partido, resolver las dificultades detectadas en la práctica y responder a las nuevas exigencias de la administración aduanera.
La Comisión también expresó su apoyo a la simplificación de los procedimientos administrativos y al fortalecimiento de la transformación digital mediante un modelo de gestión basado en datos y en la evaluación de riesgos. No obstante, recomendó seguir perfeccionando las normas aplicables al comercio electrónico transfronterizo, especialmente en materia de interconexión e intercambio de datos, además de revisar las competencias delegadas al Gobierno para evitar solapamientos durante su aplicación.
En relación con el control aduanero de las mercancías comercializadas a través de plataformas de comercio electrónico, la mayoría de los miembros de la Comisión respaldó la obligación de que las personas y organizaciones vietnamitas que compren o vendan bienes con el extranjero realicen una verificación de identidad electrónica. Al mismo tiempo, propusieron estudiar un sistema que permita efectuar dicha verificación una única vez por cada cuenta de usuario, de modo que pueda utilizarse en todas las operaciones posteriores, facilitando los trámites y mejorando la eficacia de la gestión.
Respecto a la inspección aduanera, la Comisión manifestó su apoyo a la incorporación de nuevas disposiciones, aunque recomendó que la ley establezca criterios claros para determinar qué mercancías deben ser sometidas a inspección, así como las responsabilidades de las autoridades aduaneras al evaluar los resultados antes de emitir la decisión definitiva.
Durante la misma sesión, la Asamblea Nacional también examinó el proyecto de ley que modifica el artículo 6 y el Anexo IV de la Ley de Inversiones, con el objetivo de reducir el número de actividades económicas sujetas a condiciones especiales de inversión y negocio.
El Gobierno señaló que la reforma busca materializar las directrices orientadas a modernizar la elaboración y aplicación de las leyes, impulsar el desarrollo del sector privado y construir un entorno empresarial más transparente, favorable y con menores costos de cumplimiento para empresas e inversores.
La iniciativa legislativa consta de cinco artículos y un anexo, e incorpora una nueva lista de actividades económicas sujetas a condiciones de inversión, que sustituirá íntegramente a la actualmente vigente.
En su informe de evaluación, la Comisión de Economía y Finanzas coincidió en la necesidad de aprobar la reforma, aunque instó al órgano redactor a justificar con mayor detalle la base técnica y la eficacia real de la propuesta de reducción. Según la Comisión, el objetivo de disminuir al menos un 30% de las actividades sujetas a condiciones especiales debe traducirse en una mejora efectiva del clima de inversión y en una reducción de los costos de cumplimiento, y no limitarse al cumplimiento de una meta cuantitativa.
La Comisión respaldó igualmente la orientación de reforzar la gestión pública mediante la transición de un modelo de control previo hacia otro basado en la supervisión posterior, con el propósito de favorecer un entorno de inversión más abierto y transparente. Sin embargo, advirtió de que cualquier flexibilización de los requisitos en sectores relacionados con la defensa, la seguridad nacional, el orden público o la salud pública deberá evaluarse cuidadosamente y aplicarse de forma gradual, garantizando la existencia de mecanismos alternativos de control que eviten vacíos en la gestión estatal./.
