Hanoi (VNA)- El Primer Ministro de Vietnam emitió un plan para implementar de manera sincronizada, oportuna y eficaz la Resolución No. 24/2026/QH16 sobre la aplicación piloto de las normas del abogado público, aprobada por la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura el 24 de abril de 2026 y que entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2026.
El plan también busca fortalecer la conciencia y la responsabilidad de los ministerios y localidades participantes en el programa piloto.
Entre las principales tareas previstas figuran la organización de actividades de divulgación y capacitación para la implementación de la Resolución; la elaboración de documentos normativos y medidas de ejecución; así como la emisión de directrices y orientaciones para el desarrollo del modelo piloto de abogado público.
Asimismo, se contempla la revisión y propuesta de otorgamiento del Certificado de Ejercicio Profesional de Abogado a las personas que cumplan las condiciones requeridas; la contratación de abogados, expertos, científicos y juristas con experiencia para desempeñar funciones de abogado público; y la evaluación de las necesidades de utilización de abogados públicos según los distintos grupos de casos y asuntos jurídicos.
También incluye el otorgamiento, renovación y revocación del Certificado de Ejercicio Profesional de Abogado, además de los procedimientos para la incorporación al Colegio de Abogados y la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado.
Paralelamente, se elaborará una lista oficial de abogados públicos y se facilitará su presentación cuando sea requerida. También se desarrollarán programas de formación profesional y perfeccionamiento de habilidades, especialmente en materia de resolución de litigios y asuntos jurídicos complejos dentro del ámbito de trabajo de los abogados públicos.
Con el fin de resolver dificultades surgidas durante la implementación de la Resolución, se organizarán conferencias, seminarios y mesas redondas. Además, los organismos competentes deberán presentar informes periódicos y extraordinarios al Ministerio de Justicia para su consolidación y posterior envío al Primer Ministro.
El plan prevé igualmente actividades de supervisión, inspección y seguimiento para garantizar la correcta implementación de la Resolución y de los documentos reglamentarios relacionados, así como la evaluación general de los resultados del programa piloto para informar a las autoridades competentes.
Según la Resolución No. 24/2026/QH16, quienes aspiren a convertirse en abogados públicos deberán ser funcionarios, empleados públicos, oficiales del Ejército Popular, de la Policía Popular o trabajadores de empresas estatales; contar con firmeza política, ética profesional e integridad; cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Abogados; y poseer al menos cinco años de experiencia laboral continua y directa en el ámbito jurídico o experiencia en litigios, asesoría legal y resolución de asuntos complejos.
Los abogados públicos desempeñarán funciones jurídicas en el sector estatal, incluyendo asesoramiento, representación y participación en litigios y resolución de disputas nacionales e internacionales en materia de inversión, comercio, administración y asuntos civiles; participación en la ejecución de sentencias civiles y administrativas; asesoramiento jurídico para proyectos socioeconómicos; y resolución de denuncias y reclamaciones complejas y prolongadas, entre otras tareas asignadas.
La Resolución aclara además que el ámbito de actuación de los abogados públicos no incluye actividades de asistencia jurídica gratuita ni se superpone con las funciones jurídicas internas de los organismos y organizaciones./.