Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) continuó hoy su cuarta reunión con el examen del proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley del Banco Estatal de Vietnam, la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero y la Ley de Instituciones de Crédito, bajo la presidencia del titular del órgano legislativo, Tran Thanh Man.
Al presentar el informe del Gobierno, el gobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Duc An, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de institucionalizar oportunamente las directrices del Partido sobre la reorganización del aparato estatal, eliminar obstáculos al desarrollo, generar nuevos motores para un crecimiento de dos dígitos, perfeccionar el marco institucional, cumplir los compromisos jurídicos internacionales y subsanar las deficiencias de la legislación vigente en materia de prevención del lavado de dinero.
En relación con la Ley del Banco Estatal de Vietnam, el proyecto incorpora disposiciones sobre los principios para el uso de divisas extranjeras en el territorio nacional, modifica el mecanismo financiero específico de la institución, transfiere del Primer Ministro al Gobierno la competencia para regular el régimen de ingresos y gastos financieros del banco, actualiza las normas relativas a la organización, funciones y atribuciones de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria, y faculta al Banco Estatal para aplicar diferentes coeficientes de seguridad a las entidades sujetas a inspección y supervisión.
En cuanto a la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero, la propuesta redefine el concepto de "propietario beneficiario", incorpora a los proveedores de servicios de activos criptográficos como sujetos obligados a reportar operaciones, añade indicadores de operaciones sospechosas relacionadas con este ámbito y asigna al Ministerio de Finanzas responsabilidades en la supervisión, inspección y aplicación de medidas para prevenir el blanqueo de capitales vinculado a los criptoactivos.
Por su parte, el proyecto de reforma de la Ley de Instituciones de Crédito incorpora la figura del "agente para la gestión de activos de garantía de bonos corporativos de colocación privada" al inciso 2 del artículo 114.
La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, encargada de revisar el proyecto, respaldó la necesidad de introducir estas modificaciones, aunque instó a seguir perfeccionando el texto para garantizar su constitucionalidad, coherencia con el ordenamiento jurídico y compatibilidad con los tratados internacionales suscritos por Vietnam.
En lo que respecta a la Ley del Banco Estatal, recomendó que la propia legislación establezca de forma expresa los supuestos en los que puede autorizarse el uso de divisas extranjeras o, al menos, los principios y criterios para determinar esas circunstancias.
Respecto a la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero, pidió precisar el concepto de "servicios de activos criptográficos" y delimitar claramente el alcance de las actividades sujetas a reporte. Asimismo, propuso revisar la distribución de competencias entre los distintos ministerios y organismos para evitar superposiciones o vacíos en las funciones de supervisión, especialmente entre la Inspección del Gobierno y las entidades responsables de la inspección especializada.
La comisión también solicitó definir con mayor claridad el mecanismo de coordinación entre el Ministerio de Finanzas, el Banco Estatal y el Ministerio de Seguridad Pública en la supervisión de las actividades relacionadas con los activos criptográficos.
El Comité Permanente de la Asamblea Nacional coincidió en la necesidad de promulgar estas reformas para fortalecer el marco institucional en los ámbitos monetario, bancario y de prevención del lavado de dinero, en consonancia con los estándares internacionales. Asimismo, consideró que el proyecto reúne las condiciones para ser sometido a consideración del Parlamento durante la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura mediante un procedimiento abreviado.
Al mismo tiempo, solicitó al Gobierno continuar evaluando el impacto de las modificaciones y definir con precisión qué materias deben regularse directamente en la ley y cuáles podrán desarrollarse mediante normativa complementaria, especialmente aquellas relacionadas con los derechos y obligaciones de organizaciones e individuos, así como con las competencias de inspección, control y supervisión./.
VNA
