Hanoi (VNA)- El vertiginoso desarrollo transfronterizo del comercio electrónico y los negocios digitales, impulsado por la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) de nueva generación, exige que Vietnam perfeccione con urgencia su marco jurídico para construir un “escudo legal” eficaz que proteja los datos de los ciudadanos y organizaciones en el entorno virtual.
Según expertos citados por el diario Nhan Dan (Pueblo), la expansión internacional de las entidades nacionales viene acompañada de crecientes riesgos regulatorios y de ciberseguridad que requieren una respuesta institucional inmediata.
El doctor Tran Anh Tuan, del Departamento de Derecho Internacional y Resolución de Controversias en materia de Inversiones del Ministerio de Justicia, advirtió que la intensificación de las transacciones comerciales, financieras y de servicios transnacionales ha multiplicado las amenazas de filtración de información, fraudes en línea, ciberataques y violaciones a la privacidad.
En el ecosistema de los pagos digitales, estas vulnerabilidades se traducen en la suplantación de identidad financiera, la infiltración de sistemas mediante software malicioso para desviar fondos y el secuestro de datos operativos a cambio de rescates económicos.
Al respecto, el abogado Phan Hoai Nam, director general de la firma consultora W&A y árbitro del Centro de Arbitraje Internacional de Vietnam, precisó que en el ecosistema de pagos digitales, los datos personales constituyen el componente central de cada paso operativo, desde la autenticación hasta el control de riesgos.
Una sola transacción puede activar múltiples capas de información (identidad, datos financieros sensibles, especificaciones técnicas y de comportamiento) que, al combinarse, estructuran un perfil digital exhaustivo del usuario, agregó.
Debido a que estos datos están vinculados directamente con el flujo de dinero, cualquier vulneración genera consecuencias casi inmediatas como la apropiación ilícita de activos o el robo de la identidad financiera, indicó.
A pesar de que la gran parte de los negocios digitales actuales conlleva la transferencia transfronteriza de datos, los usuarios locales a menudo no son plenamente conscientes de este desplazamiento.
Al utilizar redes sociales, motores de búsqueda, plataformas de comercio electrónico o servicios de computación en la nube de empresas extranjeras, la información de los ciudadanos vietnamitas se transmite a múltiples países para su almacenamiento y procesamiento, lo que eleva el riesgo de monopolización de datos y profundiza el desequilibrio de poder entre los individuos y los gigantes tecnológicos globales.
La gravedad de la situación se refleja en las estadísticas oficiales del primer trimestre de 2026, período en el cual se reportó la filtración de más de 6,9 millones de cuentas de usuarios en Vietnam, cifra que duplica los registros del mismo lapso en 2025.
De acuerdo con el Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública, existen actualmente más de 30 modalidades de delitos informáticos, los cuales explotan bases de datos personales previamente robadas para diseñar elaboradas estafas de ingeniería social.
Ante este panorama, el viceministro de Justicia Nguyen Thanh Tu enfatizó que los datos se han convertido en un recurso estratégico que define la competitividad nacional y moldea el nuevo orden de desarrollo.
Por ello, el funcionario instó a transitar de una gestión administrativa pura hacia un modelo de gobernanza de datos basado en el riesgo, la rendición de cuentas y el control tecnológico, con el fin de prevenir abusos y mitigar fenómenos de “dictadura digital”, salvaguardando al mismo tiempo la soberanía digital del país.
Por su parte, especialistas del sector académico y legal señalaron que, si bien la Ley de Protección de Datos Personales de 2025 marcó un hito en el pensamiento legislativo de Vietnam, todavía persisten desafíos sustanciales en su implementación.
Entre los vacíos normativos remanentes se encuentran la falta de mecanismos claros de corresponsabilidad en el flujo transfronterizo de datos y las limitaciones existentes para ejercer la jurisdicción legal sobre las grandes plataformas tecnológicas internacionales que operan en el país sin infraestructura física local./.
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