Hanoi (VNA) - La Fiscalía propuso cadena perpetua para Pho Duc Nam (conocido como Mr Pips) y Le Khac Ngo (Mr Hunter), principales acusados en una trama de fraude mediante inversiones en valores internacionales y Forex que se apropió de cerca de 1,56 billones de dongs (60,6 millones de dólares) de 919 víctimas.
La propuesta se presentó el 4 de noviembre, cuando el juicio de primera instancia contra 188 acusados pasó a la fase de alegatos, tras más de una semana de sesiones. Los procesados están acusados de estafa para apropiarse de bienes, blanqueo de capitales, receptación de bienes de origen delictivo y evasión fiscal.
Penas solicitadas para los principales acusados
La Fiscalía solicitó para Pho Duc Nam (Mr Pips) cadena perpetua por estafa para apropiarse de bienes y entre 11 y 12 años de prisión por blanqueo de capitales. La pena conjunta propuesta es la cadena perpetua. Para Le Khac Ngo (Mr Hunter) pidió igualmente cadena perpetua por estafa y entre 10 y 11 años por blanqueo de capitales, con la misma pena conjunta.
Para Nguyen Thanh Phong, residente en la comuna de Ben Cau, provincia de Tay Ninh, solicitó entre ocho y nueve años de prisión por estafa y entre cinco y seis años por blanqueo de capitales, con una pena conjunta de entre 13 y 15 años.
En el caso de Nguyen Thi Thuy, residente en el barrio de Tam Thang, Ciudad Ho Chi Minh, pidió una pena de entre cinco años y ocho meses y siete años de prisión por blanqueo de capitales y evasión fiscal.
Para Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) solicitó entre nueve y 10 años por blanqueo de capitales, mientras que para Pho Duc Tuan, sobrino de Pho Duc Nam, pidió entre cinco y seis años por receptación de bienes de origen delictivo.
Para los otros 177 acusados, la Fiscalía solicitó penas que van desde 30 meses de prisión con suspensión de la ejecución de la pena hasta 20 años de cárcel por estafa.
Captación de víctimas mediante falsas plataformas de inversión
Según la Fiscalía, la trama operaba de forma organizada y coordinada, desde la captación de clientes hasta la apropiación de sus fondos. El departamento de marketing difundía anuncios en redes sociales con promesas de altos rendimientos y asesoramiento de expertos internacionales, mientras que los vendedores, pese a carecer de conocimientos financieros, se hacían pasar por empleados de grandes plataformas de negociación.
Para contactar con las víctimas utilizaban cuentas falsas, números telefónicos anónimos mediante la aplicación Zoiper y la plataforma Zalo. Los empleados seguían guiones preparados en un manual denominado "168 preguntas", distribuido por los cabecillas, que incluía respuestas para persuadir a los potenciales inversores.
Las víctimas eran invitadas a grupos de redes sociales donde cuentas falsas se presentaban como expertos o inversores exitosos y publicaban supuestas operaciones rentables, comprobantes de transferencias y vídeos de retiradas de dinero. Una vez ganada su confianza, los acusados las animaban a realizar pequeños depósitos de prueba, incluso permitiéndoles obtener ganancias y retirar fondos para dar credibilidad a las plataformas.
Después las inducían a invertir cantidades mayores mediante promesas de oportunidades especiales e información privilegiada. Cuando depositaban grandes sumas, los acusados manipulaban las operaciones, recomendaban altos niveles de apalancamiento o intervenían técnicamente en las cuentas para provocar pérdidas.
Si las víctimas intentaban retirar sus fondos, los supuestos asesores retrasaban las operaciones o las convencían de mantener el dinero en la plataforma. También inventaban cargos por comisiones e impuestos y pedían nuevos depósitos con el argumento de recuperar las pérdidas. El proceso continuaba hasta que las víctimas agotaban sus recursos y sus cuentas eran bloqueadas o los asesores cortaban la comunicación.
La Fiscalía señaló que, tras provocar pérdidas en una plataforma, los acusados transferían los datos de las víctimas a otros cómplices, que las atraían hacia nuevos sistemas con la promesa de recuperar el dinero. Cada empleado recibía entre el 1% y el 4% de los fondos depositados por los clientes, lo que incentivaba la captación y retención de víctimas.
Más de 60 millones de dólares sustraídos a 919 víctimas
Mediante estos métodos, los acusados se apropiaron de 60,6 millones de dólares de 919 víctimas. La Fiscalía calificó los hechos como delincuencia organizada, con una distribución definida de funciones y coordinación entre los distintos departamentos.
Aunque participaron en diferentes etapas, los acusados deben asumir responsabilidad conjunta por los bienes sustraídos, conforme al apartado 4 del artículo 174 del Código Penal, relativo al delito de estafa para apropiarse de bienes.
El representante de la Fiscalía destacó que las consecuencias fueron tanto económicas como sociales. Muchas víctimas tuvieron que endeudarse y vender sus viviendas y otros bienes, sin lograr saldar sus deudas. Varias familias se desintegraron, algunos hijos perdieron oportunidades educativas y algunas víctimas llegaron a pensar en el suicidio.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía consideró necesario imponer sanciones estrictas para garantizar su efecto disuasorio y prevenir nuevos delitos similares./.
VNA
