Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam examinó hoy dos proyectos de ley destinados a perfeccionar el marco jurídico y el informe sobre la aplicación de un mecanismo especial para resolver obstáculos legales, que ha permitido reducir un 55% los costos de cumplimiento y ahorrar unos 884,6 millones de dólares anuales a ciudadanos y empresas.
En el marco del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, los diputados escucharon los informes de presentación y verificación sobre los proyectos de Ley sobre Expropiación Forzosa y Requisa de Bienes (modificada) y de Ley de Documentos Normativos Jurídicos, así como el informe sobre la implementación de la Resolución No. 206/2025/QH15, relativa a mecanismos especiales para resolver dificultades y obstáculos derivados de las disposiciones legales.
El proyecto de Ley sobre Expropiación Forzosa y Requisa de Bienes (modificada) busca completar el marco jurídico para movilizar bienes cuando resulte estrictamente necesario y en los casos previstos por la ley, al tiempo que protege los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y las empresas y garantiza la coherencia del sistema jurídico.
El borrador consta de cuatro capítulos y 32 artículos, que regulan la expropiación forzosa y requisa de bienes, las facultades y responsabilidades de los organismos estatales, los derechos y obligaciones de los propietarios y otras partes implicadas, así como la movilización de las personas encargadas de operar o manejar los bienes requisados.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales y los órganos encargados del examen del proyecto coincidieron en la necesidad de revisar integralmente la ley y consideraron que el borrador se ajusta, en términos generales, a las orientaciones del Partido y cumple los requisitos constitucionales y legales.
No obstante, recomendaron precisar en la propia ley los principios, condiciones, alcance y competencias para la adquisición y requisición de bienes, así como los derechos y obligaciones de los propietarios y las disposiciones relativas a la indemnización por daños. Los decretos gubernamentales deberían centrarse en orientar los procedimientos de aplicación. También se propuso revisar el texto para garantizar su coherencia con el Código Civil y otras leyes pertinentes.
El proyecto de Ley de Documentos Normativos Jurídicos tiene como objetivo perfeccionar el sistema legal, renovar la elaboración y aplicación de las leyes y resolver las dificultades detectadas en la práctica.
El borrador comprende nueve capítulos y 68 artículos, centrados en la simplificación del sistema de documentos normativos, una delimitación más clara entre el proceso de elaboración de políticas y la redacción de textos legales, la continuidad entre las distintas etapas, la reducción de los requisitos documentales y la mejora de los procedimientos de examen, deliberación, aprobación y promulgación de leyes y ordenanzas.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales recomendó continuar revisando la coherencia del proyecto con el conjunto del ordenamiento jurídico y aclarar su compatibilidad con los tratados internacionales pertinentes, así como con los requisitos de defensa y seguridad nacionales
Al presentar el informe sobre la aplicación de la Resolución No. 206/2025/QH15, el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, señaló que el mecanismo especial ha contribuido a eliminar obstáculos institucionales, mejorar la capacidad de respuesta de las políticas públicas, simplificar los procedimientos administrativos, impulsar la descentralización y delegación de competencias, y liberar recursos para el desarrollo socioeconómico.
El Gobierno ha promulgado 26 resoluciones para resolver dificultades en distintos ámbitos. En particular, cinco resoluciones aprobadas en 2026 mediante el mecanismo especial, destinadas a reducir y simplificar los procedimientos administrativos y las condiciones para la inversión y los negocios, han permitido ahorrar un 53% del tiempo y reducir un 55% los costos de cumplimiento.
Por su parte, el jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales, Phan Chi Hieu, instó a dar prioridad a los problemas que afectan directamente a la inversión, las actividades empresariales, el funcionamiento del nuevo aparato administrativo y los derechos e intereses legítimos de la población y las empresas./.
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