Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, instó hoy a reforzar las medidas contra la colusión, la manipulación de precios y las prácticas fraudulentas en las subastas de bienes, así como a acelerar la transformación digital y garantizar la transparencia de estos procedimientos.
Durante el debate en grupos celebrado este lunes en el marco del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, sobre el proyecto de la Ley de Subastas de Bienes (modificada), el dirigente subrayó que la reforma debe ajustarse a las orientaciones del Partido sobre el perfeccionamiento de las instituciones de la economía de mercado con orientación socialista, la prevención y lucha contra la corrupción y las conductas indebidas, y el impulso de la transformación digital.
Propuso delimitar claramente el ámbito de aplicación de la ley y concentrar sus disposiciones en la unificación de los procedimientos de subasta. Las cuestiones anteriores y posteriores a estos procesos deberían regularse mediante las leyes sectoriales correspondientes, a fin de evitar solapamientos y definir con precisión las responsabilidades de cada organismo.
En particular, pidió reforzar las medidas contra la colusión, la manipulación de precios, las prácticas conocidas como “participantes ficticios” – utilizados para favorecer a determinados postores – y el incumplimiento de la obligación de pago tras ganar una subasta.
El proyecto propone elevar al 20-50% el depósito previo para las subastas de derechos de uso de terrenos residenciales destinadas a particulares. También contempla prohibir la participación en futuras subastas durante períodos de entre seis meses y cinco años a quienes incumplan la obligación de pago del depósito o incurran en colusión, así como publicar la lista de infractores en el Portal Nacional de Subastas de Bienes.
En materia de transformación digital, el presidente del Parlamento abogó por dar prioridad a las subastas en línea, reforzar la identificación y autenticación electrónicas y prevenir las interferencias en los sistemas y los fraudes tecnológicos.
Asimismo, señaló que la publicación de anuncios en los comités populares de las comunas, barrios y localidades equivalentes debería tener un carácter complementario cuando la información ya esté disponible íntegramente en el sistema nacional.
También destacó la necesidad de reforzar las responsabilidades de los subastadores y de las organizaciones que prestan estos servicios, mejorar su formación profesional y ética, y establecer obligaciones claras para prevenir infracciones y publicar información sobre las subastas, sus resultados y la identidad de quienes incumplan sus compromisos de pago. Estas medidas deben garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
El mismo día, los diputados coincidieron, en términos generales, en la necesidad de modificar la Ley de Abogados para perfeccionar el marco jurídico, elevar la calidad de los profesionales del sector y responder a las exigencias de la reforma judicial, la construcción de un Estado de derecho y la garantía del acceso a la justicia para la población y las empresas.
En relación con el reconocimiento de los asistentes jurídicos de la asistencia jurídica gratuita como abogados, la diputada Phan Thi My Dung, representante de la provincia de Tay Ninh, propuso incluir entre los beneficiarios de la exención de la formación profesional y del período de prácticas a quienes hayan desempeñado durante al menos cinco años el cargo de asistente jurídico de la asistencia jurídica gratuita.
Según la legisladora, la normativa vigente ya exige a estos profesionales cumplir requisitos de formación, prácticas y evaluación antes de su nombramiento. La Ley de Asistencia Jurídica establece un período de prácticas de 12 meses para esta actividad.
En la práctica, los asistentes jurídicos tramitan directamente casos y participan en procedimientos judiciales para ejercer la defensa y proteger los derechos e intereses legítimos de las personas beneficiarias de la asistencia jurídica. Una experiencia profesional de cinco años o más les permite acumular conocimientos en la gestión de expedientes, habilidades de litigación, aplicación de la ley y responsabilidad profesional.
Por ello, My Dung propuso reconocer el valor de su formación, prácticas, evaluaciones y experiencia laboral, y eximir a este colectivo de la formación profesional de la abogacía, del período de prácticas y del examen nacional para abogados, siempre que cumpla los demás requisitos legales para ejercer la profesión./.
VNA
