Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam examinó en esta mañana varias propuestas legislativas, entre ellas la eliminación de la licencia para prestar servicios de empleo y la ampliación gradual de la cobertura del seguro social obligatorio, durante el segundo período de sesiones de su XVI Legislatura.
Los proyectos también abarcan la seguridad y salud laboral, los archivos, la igualdad de género, las actividades de la Cruz Roja y el ejercicio de la democracia en las comunidades.
El proyecto de modificación de la Ley de Seguridad y Salud Laboral busca adaptar la normativa a la reorganización del aparato estatal y al modelo de administración local de dos niveles, así como simplificar los procedimientos administrativos y las condiciones empresariales.
Nguyen Dac Vinh, presidente de la Comisión de Asuntos Culturales y Sociales de la Asamblea Nacional, expresó su respaldo a las enmiendas, incluidas las disposiciones que precisan las responsabilidades de los sindicatos de nivel superior al de base en establecimientos sin sindicatos propios y su intervención cuando detecten posibles vulneraciones de los derechos laborales.
La Comisión también apoyó ampliar las entidades autorizadas a impartir formación en seguridad y salud laboral. Además de las unidades de servicios públicos, podrán hacerlo empresas especializadas, mientras que los empleadores seguirán siendo responsables de la calidad de la formación.
Por su parte, el proyecto de ley que modifica y complementa diversas disposiciones del Código de Trabajo y de las leyes de Archivos, Igualdad de Género, Actividades de la Cruz Roja y Empleo tiene como objetivo redistribuir las responsabilidades de gestión estatal y simplificar los procedimientos administrativos.
Entre los cambios propuestos figura la designación del 24 de noviembre como Día de la Cultura de Vietnam, que se convertiría en un día festivo remunerado. También se plantea eliminar los certificados de ejercicio profesional en el sector de los archivos y las tasas correspondientes, y sustituirlos por requisitos de cualificación profesional.
En virtud de las enmiendas a la Ley de Empleo, las empresas dejarían de necesitar licencias para prestar servicios de empleo y, en su lugar, tendrían que notificar el inicio de sus actividades a la autoridad provincial competente. La Comisión de Asuntos Culturales y Sociales manifestó su apoyo general a esta propuesta, aunque pidió profundizar en su evaluación para garantizar una supervisión eficaz y proteger los derechos de los trabajadores.
Otro proyecto de ley, destinado a modificar y complementar varios artículos de la Ley de Seguridad Social, facultaría al Comité Permanente de la Asamblea Nacional para decidir, sobre la base de las propuestas del Gobierno y de las condiciones socioeconómicas, la ampliación de la cobertura obligatoria a las personas que trabajan sin contrato laboral y a quienes prestan servicios a través de plataformas digitales y tienen un empleo e ingresos estables y regulares.
La Comisión de Asuntos Culturales y Sociales respaldó, en principio, la ampliación gradual de la cobertura, pero advirtió que los colectivos propuestos están definidos de forma demasiado amplia. Por ello, instó al Gobierno a evaluar cuidadosamente el impacto de la medida y a precisar los grupos afectados y los plazos de aplicación.
Si no fuera posible garantizar la viabilidad de los cambios y alcanzar un consenso, la Comisión consideró que estas cuestiones deberían abordarse en una revisión integral de la ley.
En cuanto al proyecto revisado de Ley de Implementación de la Democracia de Base, el texto consta de seis capítulos y 65 artículos, 26 menos que la legislación vigente. Prevé medidas de apoyo estatal para facilitar el ejercicio de los derechos democráticos a nivel local por parte de las personas con discapacidad, los miembros de minorías étnicas y los residentes de zonas desfavorecidas, incluidas las áreas montañosas, fronterizas, marítimas e insulares.
La Comisión de Aspiraciones del Pueblo y Supervisión de la Asamblea Nacional consideró que el proyecto se ajusta, en términos generales, a la Constitución y al ordenamiento jurídico, y cumple los requisitos relacionados con la defensa nacional, la seguridad, la igualdad de género y las políticas étnicas.
No obstante, recomendó revisar el texto para garantizar su coherencia con otras leyes pertinentes y los tratados internacionales, así como asegurar una participación equitativa y segura en la democracia digital y proteger los datos personales, especialmente los de los grupos vulnerables.
En este ámbito, la Comisión subrayó la necesidad de definir claramente las responsabilidades de asistencia a la ciudadanía, garantizar condiciones equitativas y seguras para la participación digital, proteger los datos personales y mantener canales presenciales adecuados. También destacó la importancia de prevenir la coacción y la participación por delegación, es decir, a través de terceros./.
VNA
