Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam continuó esta tarde su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura con la presentación y evaluación de dos proyectos de ley destinados a reformar el marco jurídico del comercio, la competencia, el comercio exterior, la protección de los consumidores y la electricidad.
Al presentar el proyecto de ley que modifica y complementa varias disposiciones de cuatro leyes relacionadas con el comercio, el ministro de Industria y Comercio, Le Manh Hung, afirmó que la reforma busca institucionalizar plenamente las orientaciones y políticas del Partido y eliminar las dificultades y los obstáculos derivados de la legislación.
El proyecto, compuesto por seis artículos, pretende garantizar la constitucionalidad, legalidad, coherencia y viabilidad del sistema jurídico, cumplir los compromisos internacionales de Vietnam, reducir al máximo los trámites administrativos e impulsar la descentralización y la delegación de competencias.
Las modificaciones abarcan la Ley de Comercio, la Ley de Competencia, la Ley de Gestión del Comercio Exterior y la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Entre las principales medidas figuran la eliminación y simplificación de procedimientos administrativos, la supresión de determinados requisitos empresariales y la ampliación de las competencias delegadas.
Según el ministro, la propuesta también garantiza los requisitos de defensa y seguridad nacionales, y las disposiciones sobre descentralización son, en lo fundamental, viables y acordes con las orientaciones del Partido y las políticas del Estado.
Por su parte, Phan Van Mai, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del órgano legislativo, respaldó la necesidad de modificar las cuatro leyes para perfeccionar el marco institucional, eliminar obstáculos, reformar los procedimientos administrativos y crear un entorno de inversión y negocios competitivo y saludable que responda al desarrollo de la economía digital.
La comisión coincidió con el alcance de las modificaciones propuesto por el Gobierno, centrado en cuestiones claramente identificadas y respaldadas por fundamentos prácticos y un amplio consenso. Asimismo, pidió garantizar la coherencia con el Código Civil y la legislación sobre inversión, empresas, comercio electrónico, datos y aduanas, así como con los tratados internacionales.
La descentralización debe ir acompañada de mecanismos de rendición de cuentas, inspección y supervisión, y de recursos suficientes. También recomendó digitalizar los procedimientos administrativos y desarrollar bases de datos compartidas.
En cuanto a las promociones comerciales, la comisión solicitó aclarar los límites de los descuentos y establecer reglas transparentes y previsibles, especialmente para las transacciones en plataformas digitales, evitando la duplicación de sanciones por prácticas que puedan constituir competencia desleal.
Respecto a la protección de los consumidores, respaldó una mayor autonomía en el uso de sus datos y pidió armonizar las disposiciones con la normativa sobre protección de datos personales, incluido el derecho a retirar el consentimiento y el tratamiento de los datos de menores y personas vulnerables.
El segundo proyecto modifica varios artículos de la Ley de Electricidad para concretar las nuevas orientaciones sobre seguridad energética y eliminar obstáculos en la planificación, la inversión, la selección de inversores, los precios y el mercado eléctrico. También busca garantizar un suministro seguro, precios razonables y transparentes, simplificar los trámites y reforzar la descentralización.
Nguyen Thanh Hai, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, manifestó que su entidad coincide, en lo fundamental, con la necesidad de la reforma, destinada a resolver dificultades prácticas, reducir procedimientos administrativos y requisitos empresariales, y facilitar las actividades del sector eléctrico.
No obstante, advirtió que la Ley de Electricidad, modificada en 2024 y en vigor desde el 1 de febrero de 2025, se revisaría nuevamente en un plazo breve, sin suficiente tiempo para evaluar su aplicación. Esto podría afectar a la estabilidad y previsibilidad jurídica en un sector que requiere grandes inversiones y largos períodos de ejecución.
Por ello, la comisión instó al Gobierno a limitar las modificaciones a cuestiones realmente urgentes, suficientemente definidas y sustentadas en fundamentos políticos, jurídicos y prácticos. Las nuevas políticas de gran impacto deben evaluarse exhaustivamente antes de incorporarse a la ley. Asimismo, pidió reforzar el control del ejercicio del poder y prevenir la corrupción, las conductas indebidas y los intereses particulares en la elaboración legislativa./.
