Hanoi (VNA) – El Gobierno de Vietnam emitió la Resolución N.º 258/NQ-CP, en la que establece tareas y soluciones clave para acelerar la reforma de los procedimientos administrativos, contribuyendo a alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en el período 2026-2030.
La resolución, fechada el 31 de agosto de 2026, exige una reforma sustantiva e integral, centrada en la máxima reducción y simplificación de los procedimientos administrativos y las condiciones empresariales.
También busca pasar de la fiscalización previa a la concesión de licencias a la fiscalización posterior, sobre la base de la gestión de riesgos, al tiempo que refuerza la supervisión en tiempo real basada en datos y sitúa a las personas y las empresas en el centro de los servicios públicos.
El Gobierno tiene como objetivo mejorar la calidad del marco institucional, elevar significativamente la calidad del entorno de inversión y negocios, fortalecer la competitividad nacional y generar nuevos motores para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos durante el período 2026-2030.
Según la resolución, las reformas deben garantizar que no se incorporen procedimientos administrativos, requisitos empresariales ni sectores de actividad sujetos a condiciones que sean innecesarios en comparación con los ya eliminados, simplificados o descentralizados en virtud de 11 resoluciones del Gobierno para implementar la Conclusión N.º 18-KL/TW.
Para 2027, se prevé que todos los procedimientos administrativos que reúnan las condiciones puedan realizarse íntegramente en línea como servicios públicos, mientras que todos los resultados de los procedimientos administrativos serán digitalizados y sus datos reutilizados, de conformidad con las normas sobre secretos de Estado.
Las personas y las empresas no estarán obligadas a volver a presentar documentos que contengan información ya disponible en bases de datos a las que las autoridades responsables de su gestión hayan dado acceso oficial, salvo que la legislación especializada disponga lo contrario.
Para 2030, se prevé que todos los servicios públicos esenciales sean accesibles en todo el país, independientemente de las fronteras administrativas, a través de los centros de servicios de la administración pública. Asimismo, los servicios públicos se prestarán de manera proactiva cuando se disponga de los datos y la infraestructura digital necesarios.
Todos los procedimientos administrativos internos entre organismos de la administración estatal que reúnan las condiciones deberán realizarse por vía electrónica para 2027. Ese mismo año, se prevé que los requisitos de presentación de informes empresariales que reúnan las condiciones sean totalmente electrónicos, mientras que la información, los documentos y los comprobantes relacionados con los procedimientos de producción y actividad empresarial solo deberán presentarse una vez ante los organismos estatales.
El Índice de Satisfacción con los Servicios de la Administración Pública (SIPAS) deberá alcanzar al menos el 95% para 2030. Todas las opiniones y recomendaciones de particulares y organizaciones relativas a las normas administrativas también deberán ser recibidas, tramitadas y dadas a conocer públicamente dentro de los plazos establecidos.
La reforma de los procedimientos administrativos estará estrechamente vinculada al control del poder, la prevención y lucha contra la corrupción y las prácticas negativas, así como al fortalecimiento de la disciplina administrativa.
El Gobierno exige poner fin al mecanismo de “pedir-conceder” y adoptar medidas para prevenir la elusión de responsabilidades, el traslado de responsabilidades a otros, así como la defensa de intereses locales y de grupos de interés en la elaboración y aplicación de los procedimientos administrativos.
Los resultados de la reforma administrativa estarán vinculados a la evaluación y clasificación de los funcionarios y empleados públicos y se convertirán en un criterio importante en la labor de personal.
La resolución también exige reforzar la transformación digital y reestructurar los procedimientos administrativos en torno a los datos. Las bases de datos nacionales y especializadas estarán conectadas y compartirán información con los sistemas de información sobre procedimientos administrativos, contribuyendo a sustituir o eliminar componentes innecesarios de los expedientes./.
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