Hanoi (VNA)- El fortalecimiento del marco jurídico para proteger a los consumidores frente a los riesgos derivados de la economía digital constituye una prioridad en Vietnam, en un contexto marcado por la rápida expansión del comercio electrónico y las plataformas digitales, que ofrecen nuevas oportunidades, pero también plantean desafíos relacionados con el fraude, la filtración de datos y los conflictos en las transacciones en línea.
Ese fue el eje central de un seminario sobre la divulgación e implementación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, organizado el 5 de agosto en Hanoi por la Comisión Nacional de Competencia, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.
La actividad forma parte del plan de ejecución del proyecto destinado a implementar la Decisión No. 1012/QD-TTg del Primer Ministro sobre la aplicación de dicha ley durante el período 2024-2026.
Durante el encuentro, los participantes presentaron las principales novedades de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores de 2023 y de sus normas de desarrollo, además de actualizar las disposiciones sobre descentralización administrativa, compartir experiencias en la recepción y tramitación de reclamaciones y reforzar la coordinación entre los organismos competentes para garantizar una aplicación más eficaz de la legislación.
Uno de los aspectos que despertó mayor interés fue el fortalecimiento de la protección de los consumidores en el entorno digital. La normativa amplía su ámbito de aplicación a las transacciones realizadas por internet, incorpora nuevas responsabilidades para las empresas y personas que desarrollan actividades comerciales, especialmente en plataformas digitales, y perfecciona las disposiciones relativas a la protección de la información de los consumidores, las ventas a distancia, los contratos tipo, las condiciones generales de contratación, los mecanismos de reclamación y resolución de disputas, así como la retirada de productos defectuosos del mercado.
La ley también refuerza el papel de las organizaciones sociales en la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores.
Asimismo, el seminario abordó las nuevas disposiciones del Decreto No. 146/2025/ND-CP sobre la descentralización de competencias en la gestión estatal de esta materia, precisando las funciones de los Departamentos provinciales de Industria y Comercio, responsables de recibir y tramitar denuncias y reclamaciones, supervisar el cumplimiento de la legislación por parte de las empresas, promover actividades de sensibilización y apoyar la mediación de conflictos.
En su intervención, Phan The Thang, subdirector del Departamento de Protección del Consumidor de la Comisión Nacional de Competencia, destacó que una de las principales innovaciones de la ley consiste en ampliar el alcance de la protección de la información de los consumidores. Si anteriormente esta se centraba principalmente en los datos personales, ahora también abarca la información generada durante las operaciones comerciales, como los productos adquiridos, el valor de los pedidos, los métodos de pago, los plazos de entrega y otros datos relacionados con las transacciones.
Para ilustrar los riesgos existentes, el funcionario expuso un caso frecuente en el que, tras realizar una compra en una plataforma de comercio electrónico, un consumidor recibe una llamada de un individuo que se hace pasar por la empresa de mensajería. El estafador conoce con precisión el importe del pedido y solicita el pago contra entrega (COD), pero una vez efectuado el pago, el comprador descubre que el paquete contiene objetos sin valor.
Según explicó, el problema no radica únicamente en la filtración de datos personales, sino también en la divulgación de información comercial que permite a los delincuentes conocer el contenido del pedido, su precio, la fecha de entrega y el método de pago. No obstante, identificar si la filtración procede del vendedor, de la empresa de transporte o de la plataforma digital sigue siendo una tarea compleja. Por ello, la nueva legislación incorpora disposiciones específicas sobre el consentimiento para compartir información y las responsabilidades de las partes cuando los datos son facilitados a terceros.
El seminario también dedicó una parte importante de su programa al análisis de los mecanismos de recepción de reclamaciones y resolución de conflictos.
Dao Thi Hong Lam, representante del Departamento de Protección del Consumidor, presentó los procedimientos para clasificar y tramitar las solicitudes de los consumidores, además de explicar el papel de las autoridades en el apoyo a la negociación entre consumidores y empresas y los criterios para determinar la competencia de cada organismo cuando la conciliación resulta insuficiente.
Por su parte, Vu Hoai An, subdirectora de la Oficina Central de la Asociación de Protección de los Consumidores de Vietnam, señaló que el auge del comercio electrónico, la economía digital, los pagos sin efectivo y las actividades comerciales en plataformas digitales ha ampliado el acceso de la población a bienes y servicios, pero también ha incrementado riesgos como las estafas en línea, la publicidad engañosa, el uso indebido de personas influyentes para promocionar productos, la vulneración de datos personales, los contratos electrónicos poco transparentes y las transacciones transfronterizas con responsabilidades jurídicas difíciles de determinar.
La experta subrayó que estos desafíos no son exclusivos de Vietnam, sino que responden a una tendencia global. En este sentido, organizaciones internacionales como Consumers International, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) recomiendan orientar las políticas de protección del consumidor hacia la prevención de riesgos, el fortalecimiento de la protección de datos, una mayor transparencia de las plataformas digitales y el incremento de la responsabilidad social empresarial, principios que inspiran la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores de 2023 y que buscan adecuar el marco legal vietnamita al rápido desarrollo de la economía digital./.
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