Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, destaca la supremacía de la constitución y las leyes como motor del desarrollo nacional, en un artículo escrito con motivo del Día Nacional de Derecho de Vietnam (9 de noviembre).
A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias les presenta el texto íntegro del artículo.
SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES: MOTOR DEL DESARROLLO NACIONAL
El 9 de noviembre de 1946, la primera Asamblea Nacional de Vietnam aprobó la primera Constitución de la República Democrática de Vietnam, elaborada bajo la dirección directa del Presidente Ho Chi Minh. Nacida en un contexto en el que la joven independencia nacional afrontaba desafíos decisivos, esta Constitución reflejó la voluntad de independencia, el espíritu de gran unidad nacional y la aspiración de libertad del pueblo vietnamita. También sentó las bases constitucionales de un Estado cuyo poder pertenece al pueblo, donde la independencia nacional al ejercicio de la soberanía popular y de los derechos de libertad y democracia de la ciudadanía, y el poder estatal se organiza y ejerce conforme a la Constitución. Estos principios jurídicos fundamentales han sido heredados y desarrollados en las sucesivas Constituciones y a lo largo de la causa de construcción y defensa de la Patria.
Bajo el liderazgo del Partido, Vietnam ha logrado importantes avances en la construcción del Estado de derecho socialista, sentando bases sólidas para el desarrollo nacional. En esta nueva etapa, la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y sus resoluciones estratégicas exige fortalecer la capacidad de gobernanza nacional, perfeccionar las instituciones y el sistema jurídico, eliminar los obstáculos y movilizar los recursos para impulsar nuevos motores de crecimiento.
El Día de la Ley de Vietnam 2026 constituye una oportunidad para reforzar la conciencia y la responsabilidad de respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes en todo el sistema político y la sociedad. Cuando el poder está sujeto a control, los derechos humanos y ciudadanos están protegidos y las políticas se aplican de manera coherente, se fortalece la confianza del pueblo en el Partido y el Estado y, asimismo, se empodera a los ciudadanos y a las empresas para movilizar recursos, aprovechar su capacidad intelectual y desplegar su creatividad en favor del desarrollo de la nación. En este sentido, el respeto a la Constitución y las leyes no solo es una exigencia para mantener la disciplina y el orden, sino también un motor para impulsar el desarrollo.
En primer lugar, la supremacía de la Constitución debe reflejarse en cada decisión y actuación de los organismos, instituciones y personas con autoridad. La Constitución es la norma jurídica suprema. Todas las disposiciones legales deben ajustarse a ella. Toda actividad de los poderes públicos debe tener fundamento jurídico, respetar las competencias y estar sujeta a control. Los documentos y actos que violen la Constitución y las leyes deben detectarse y abordarse oportunamente, conforme a las competencias correspondientes. Ni los objetivos de desarrollo ni la urgencia de los asuntos pueden justificar el incumplimiento de los principios de constitucionalidad y legalidad. Asimismo, los organismos competentes deben revisar y modificar de forma proactiva las disposiciones inadecuadas y eliminar oportunamente los obstáculos al desarrollo.
La Resolución No. 27-NQ/TW sobre la construcción y perfeccionamiento del Estado de derecho socialista de Vietnam define claramente la relación entre el liderazgo del Partido, la gestión del Estado y el ejercicio de la soberanía popular. La capacidad de liderazgo y gobernanza del Partido se refleja en la calidad de la institucionalización de sus directrices y los resultados de su aplicación, que deben traducirse en mejoras concretas en la vida de la población. Los comités del Partido dirigen, inspeccionan y supervisan la correcta aplicación de sus directrices; los organismos estatales cumplen plenamente sus funciones, competencias y responsabilidades; y el pueblo participa en la elaboración y la supervisión del proceso de implementación. Las organizaciones del Partido y sus militantes deben actuar dentro del marco de la Constitución y las leyes, dar ejemplo en su cumplimiento y someterse a la supervisión popular.
El poder estatal es unificado y pertenece al pueblo, bajo el liderazgo del Partido. El ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial debe basarse en una clara distribución de competencias, una estrecha coordinación y un control eficaz. Las atribuciones deben ir acompañadas de la obligación de rendir cuentas. La descentralización y la delegación de competencias deben contar con capacidades, recursos y mecanismos de supervisión. También es necesario determinar las responsabilidades por la adopción de decisiones contrarias a la ley, así como por eludir o retrasar el cumplimiento de las funciones asignadas. Los funcionarios que actúen con iniciativa, innovación y creatividad en favor del interés común deben recibir protección jurídica. Por el contrario, quienes utilicen la innovación como pretexto para obtener beneficios personales, abusar de su poder o acosar a la población deben ser sancionados rigurosamente.
El respeto a la Constitución exige, además, garantizar y proteger de manera efectiva los derechos humanos y ciudadanos. Estos derechos solo pueden restringirse por ley, en los casos necesarios y por los motivos establecidos en la propia Constitución. La seguridad, la dignidad y los derechos e intereses legítimos de cada persona son valores que el Estado tiene la responsabilidad de proteger.
En segundo lugar, es necesario elevar la calidad del sistema jurídico para fortalecer la confianza del pueblo, movilizar recursos y abrir nuevas vías para el desarrollo. La Resolución No. 66-NQ/TW exige renovar la elaboración y aplicación de las leyes, convirtiendo el derecho en un motor del desarrollo. El fortalecimiento de la eficacia de la gestión debe ir acompañado de mayores oportunidades de desarrollo, sin trasladar las dificultades de los organismos públicos a la población y las empresas. Deben garantizarse el derecho de propiedad y la libertad empresarial y contractual, para que los ciudadanos y las empresas puedan invertir, innovar y competir en igualdad de condiciones.
El marco jurídico debe facilitar la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación a la producción, movilizar recursos sociales, ampliar las oportunidades de negocio y aprovechar las ventajas de la integración internacional. Además de fomentar nuevos modelos de desarrollo, debe garantizar el acceso a la educación, el empleo y los servicios esenciales. El bienestar social, un entorno de vida seguro y saludable y la distribución equitativa de los frutos del desarrollo deben estar respaldados por normas viables.
La elaboración de leyes debe partir de los intereses generales del país y superar la fragmentación derivada de los ámbitos de gestión de cada sector. Cada política debe definir claramente los problemas que pretende resolver, los derechos que debe proteger y sus efectos sobre los grupos sociales, especialmente los más vulnerables, así como evitar la creación de nuevas barreras y costes injustificados. La consulta sobre las políticas debe ser sustantiva, con una incorporación clara de las aportaciones recibidas y explicaciones transparentes. El control del poder debe comenzar desde la fase de formulación de las políticas para prevenir la corrupción y los intereses de grupo o locales.
Un marco jurídico transparente, estable y aplicado de manera coherente reduce los riesgos y costes, además de fortalecer la confianza en la inversión. Esto permite movilizar y asignar los recursos de forma eficiente y convertir el derecho en una ventaja competitiva nacional. La investigación de políticas debe anticiparse a los cambios de la realidad y crear espacio para la innovación. Toda modificación normativa debe incluir disposiciones transitorias que protejan los derechos e intereses legítimos. Los mecanismos de experimentación deben aprobarse por las autoridades competentes, con ámbitos de aplicación, responsabilidades, medidas de control de riesgos y criterios de evaluación, a fin de introducir ajustes oportunos.
La reforma administrativa debe agilizar los trámites, facilitar la resolución de los asuntos, reducir los costes de cumplimiento y definir claramente las responsabilidades de ejecución. La simplificación de los procedimientos y el paso del control previo a la supervisión posterior requieren normas claras, información fiable y capacidad para detectar y prevenir riesgos, junto con mecanismos que garanticen la protección de la población.
En el proceso de integración internacional, el marco jurídico también contribuye a proteger la soberanía, los intereses nacionales y los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y las empresas en las relaciones transfronterizas. El cumplimiento estricto de los compromisos internacionales, el fortalecimiento de la capacidad jurídica y la prevención y resolución proactivas de controversias son condiciones fundamentales para reforzar la autonomía y la competitividad del país.
En tercer lugar, la aplicación de las leyes debe garantizar los derechos e intereses legítimos y producir resultados concretos. La elaboración y ejecución de las leyes deben estar vinculadas a la responsabilidad por los resultados. Los organismos encargados de elaborar, promulgar y aplicar las leyes deben coordinarse para evaluar sus efectos, corregir las deficiencias en su aplicación y modificar o proponer modificaciones oportunas de las disposiciones inadecuadas, dentro de sus competencias. Antes de la entrada en vigor de una ley, deben garantizarse los recursos humanos, las normas de desarrollo y las condiciones necesarias para su aplicación. Los responsables de los organismos responsables de sectores, ámbitos o territorios deben rendir cuentas sobre su ejecución. En el funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles, las responsabilidades deben estar claramente definidas y los servicios a la población deben prestarse de forma continua y fluida.
La causa raíz de los obstáculos debe identificarse correctamente. Las disposiciones inadecuadas deben modificarse; los funcionarios con competencias insuficientes deben recibir formación; y la falta de recursos debe resolverse mediante medidas concretas. Los asuntos que estén dentro de las competencias y cuenten con fundamento suficiente deben resolverse definitivamente. Los que excedan dichas competencias deben elevarse a las autoridades correspondientes, acompañados de propuestas de solución, y recibir seguimiento hasta su resolución final. En los asuntos que involucren a varios organismos, debe designarse una entidad responsable de coordinar las actuaciones. En particular, es necesario acabar con la situación en la que todos los organismos informan de haber cumplido sus tareas, mientras los problemas de la población siguen sin resolverse o se retrasan.
La transformación digital debe mejorar la gobernanza y la calidad de los servicios públicos. La explotación y el intercambio de datos deben ajustarse a la ley, evitar que los ciudadanos tengan que presentar repetidamente la misma información y permitirles seguir el estado de sus trámites. La aplicación de tecnologías debe garantizar la seguridad de la información y proteger los datos personales y la privacidad. Junto con el desarrollo de la infraestructura digital, es necesario fortalecer la formación de los profesionales del ámbito jurídico, dotándolos de sólidos conocimientos, integridad y comprensión de la realidad.
La protección de la justicia es una misión fundamental del sistema judicial. Debe garantizarse que los jueces y jurados ejerzan sus funciones con independencia y estén sujetos únicamente a la ley. Toda injerencia ilegal en la actividad judicial debe ser sancionada rigurosamente. La población debe tener un acceso sencillo a los mecanismos de protección de sus derechos e intereses legítimos. Asimismo, debe fomentarse la mediación y el diálogo sobre la base de la voluntariedad y el respeto a la ley, sin limitar el derecho a recurrir a los tribunales. Las sentencias y resoluciones judiciales firmes deben ser respetadas y cumplidas estrictamente.
La aplicación de la ley debe ir acompañada de la restitución de los derechos e intereses legítimos vulnerados. Las decisiones administrativas contrarias a la ley deben ser revisadas y corregidas, y sus consecuencias deben subsanarse oportunamente. Las denuncias y propuestas de la población deben recibirse, tramitarse hasta su resolución definitiva y responderse sin demora.
La calidad de las leyes y la eficacia de su aplicación deben evaluarse en función de los asuntos resueltos conforme a la ley, los derechos protegidos y la reducción de los costes injustificados.
En cuarto lugar, es necesario fomentar una cultura de respeto a la ley, basada en el ejemplo de los funcionarios y militantes del Partido y en la participación proactiva y voluntaria de la población. Esta cultura se construye mediante el conocimiento jurídico, la ética en el servicio público y la experiencia de recibir un trato justo. Las normas claras, debidamente explicadas y aplicadas con equidad fortalecen la confianza y fomentan su cumplimiento voluntario. La dedicación de un funcionario y la disposición de un organismo a corregir sus errores tienen mayor poder de convicción que cualquier llamamiento. El deber de dar ejemplo de los funcionarios y empleados públicos, especialmente de quienes ocupan cargos directivos, debe reflejarse en su trabajo cotidiano. Las infracciones deben sancionarse con rigor y equidad, junto con medidas de orientación y prevención.
La población es protagonista en la elaboración, aplicación y protección de la ley. Su participación debe garantizarse en la consulta de políticas, la supervisión, la denuncia de deficiencias y la evaluación de los resultados de su aplicación. El Frente de la Patria de Vietnam, sus organizaciones miembros, los medios de comunicación y los profesionales del derecho y abogados deben reforzar sus funciones de supervisión, crítica y apoyo a la población. Cada ciudadano debe cumplir activamente sus obligaciones, defender sus propios derechos y respetar los de los demás. Las empresas deben considerar el cumplimiento de la ley como fundamento de su reputación, la competencia leal y el desarrollo sostenible.
La divulgación y educación jurídica deben ayudar a la población a conocer cómo ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, así como a identificar los organismos adecuados a los que acudir cuando necesite asistencia. La explicación de las políticas debe ir acompañada del diálogo y la escucha de las opiniones ciudadanas, a fin de introducir ajustes oportunos. La aplicación de tecnologías digitales debe complementarse con asistencia directa a los grupos vulnerables y a los habitantes de zonas desfavorecidas.
Cuando el cumplimiento de la ley se vincula con la ética, la responsabilidad ciudadana y las normas de convivencia comunitaria, el espíritu del Día del Derecho se integra profundamente en la vida social y se convierte en una forma de pensar y actuar de cada persona.
La supremacía de la Constitución y las leyes constituyen tanto el fundamento como el motor para construir un país disciplinado, íntegro, democrático, justo, civilizado, desarrollado y próspero. No se trata solo de una exigencia del presente, sino también de una elección de importancia estratégica para que Vietnam avance con paso firme hacia una nueva era, impulse un desarrollo rápido y sostenible y haga realidad la aspiración de construir un país próspero y feliz./.
