Hanoi (VNA) - La Auditoría Estatal de Vietnam, el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía Popular Suprema intercambiaron experiencias en materia de prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y las manifestaciones negativas con el fin de identificar dificultades y obstáculos y proponer soluciones para mejorar la eficacia de la cooperación interinstitucional.
En una conferencia temática efectuada la víspera de forma virtual, Doan Anh Tho, subauditor general del Estado, afirmó que reforzar la coordinación entre las tres entidades constituye tanto una exigencia práctica como una responsabilidad compartida para mejorar la eficacia de la lucha contra la corrupción y el despilfarro, proteger el activo público y salvaguardar los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos.
Durante la conferencia, los participantes señalaron que las infracciones y los delitos relacionados con la corrupción, el despilfarro y las manifestaciones negativas han evolucionado de forma cada vez más compleja, con métodos y procedimientos más sofisticados.
Numerosos actos ilícitos se ocultan bajo actividades económicas aparentemente legales y se introducen desde la fase de formulación de decisiones, para posteriormente ser formalizados mediante procedimientos, expedientes, contratos y comprobantes.
En algunos casos, estas prácticas forman cadenas que abarcan desde la intervención en la elaboración de políticas y la colusión para generar ventajas indebidas hasta la regularización documental, el ocultamiento y la dispersión de activos.
Pham Truong Giang, subdirector del Departamento de Policía Económica del Ministerio de Seguridad Pública, señaló que la experiencia de las investigaciones ha permitido identificar diversas modalidades y métodos, entre ellos la colusión para formar “grupos de interés”, la manipulación desde la fase de elaboración de políticas y planes y el proceso de licitación, así como el aprovechamiento de los procesos de tasación de activos y de inversión pública para obtener beneficios indebidos.
También mencionó la legalización de expedientes y documentos con el propósito de ocultar o dispersar bienes.
Según los datos presentados en la conferencia, desde 2020 hasta la fecha, el Departamento de Policía Económica detectó y emprendió procedimientos penales contra más de 3.700 casos, con unos 8.900 imputados por delitos relacionados con la corrupción, el despilfarro y las manifestaciones negativas. El valor total de los activos recuperados en causas económicas y de corrupción supera 23 mil millones de dólares.
Desde la experiencia en materia de acusación y supervisión de investigaciones de delitos económicos y de corrupción, Pham Van Dung, subdirector del Departamento de Acusación y Supervisión de Investigaciones de Delitos Económicos y de Corrupción de la Fiscalía Popular Suprema, apuntó diversas modalidades delictivas relevantes.
Entre ellas figuran el uso de sistemas contables paralelos, la legalización de flujos de dinero, el abuso del cargo y de las competencias para intervenir o legitimar decisiones, el ocultamiento de la propiedad real y de los beneficiarios efectivos, así como el fraccionamiento de transacciones y el uso de múltiples niveles de intermediarios para ocultar los flujos financieros.
También señaló el aprovechamiento de los mecanismos de licitación, subasta, inversión y adquisición de bienes públicos, así como de políticas y mecanismos específicos, para generar beneficios particulares.
Los participantes subrayaron que la prevención debe preceder a la sanción y que el control del poder debe estar estrechamente vinculado a la rendición de cuentas. Asimismo, destacaron la necesidad de reforzar el control del patrimonio, los ingresos y los intereses relacionados, además de impulsar el uso de bases de datos y tecnologías de la información.
Para mejorar la eficacia de la prevención y la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las manifestaciones negativas, los delegados propusieron establecer mecanismos de alerta temprana para identificar los sectores con mayores riesgos, entre ellos la gestión del suelo, las finanzas, la banca, la inversión pública, las licitaciones, las adquisiciones públicas, la administración del patrimonio estatal, la transformación y privatización de empresas estatales y la explotación de recursos naturales./.
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