Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional debatió hoy el proyecto de Ley de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), que busca sustituir la legislación vigente y cambiar el enfoque de las políticas, pasando de “apoyar a las empresas” a crear condiciones favorables para su desarrollo.
Al presentar la propuesta, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, señaló que, tras casi una década de aplicación, la Ley de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas de 2017 ha proporcionado una base jurídica importante, pero algunas medidas no han alcanzado los resultados esperados. Los mecanismos de apoyo siguen siendo dispersos y no siempre responden a las necesidades reales, mientras persisten dificultades de acceso y limitaciones en la evaluación de los resultados posteriores al apoyo.
En el nuevo contexto, el desarrollo del sector privado no debe centrarse únicamente en aumentar el número de empresas, sino también en elevar su calidad, competitividad, capacidad de innovación y transformación digital, así como su participación en las cadenas de valor y su crecimiento hacia mayores escalas.
El proyecto consta de cinco capítulos y 35 artículos y plantea sustituir el apoyo generalizado por medidas focalizadas, con plazos definidos y vinculadas a resultados concretos. Las políticas se estructurarían de acuerdo con el proceso de transformación de los hogares comerciales en empresas y de las microempresas en pequeñas, medianas y posteriormente grandes empresas.
La eficacia de las políticas ya no se mediría únicamente por el número de empresas beneficiarias, sino también por su capacidad para aprovechar los recursos recibidos y continuar creciendo.
Otro cambio importante es pasar de una gestión basada en procedimientos a una basada en datos, mediante la digitalización y conexión de la información empresarial para la recepción, implementación, supervisión y evaluación de las políticas.
El proyecto también plantea que el Estado pase de prestar apoyo directo a construir un ecosistema integral que conecte universidades, institutos de investigación, fondos de inversión, incubadoras y grandes empresas. Los mecanismos de apoyo se orientarían a las necesidades reales del sector mediante bonos de apoyo, encargos y asignación de tareas.
Las políticas se dividirían en dos grandes grupos: medidas generales para facilitar el acceso al capital, terrenos, tecnología y mercados, y políticas prioritarias para sectores con capacidad de generar avances, como las empresas emergentes innovadoras, las empresas integradas en cadenas de valor, los negocios sostenibles y los hogares comerciales que se transformen en empresas.
El informe preliminar de evaluación, presentado por Phan Van Mai, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, respaldó ampliamente la necesidad de promulgar la nueva ley y el cambio de denominación. Sin embargo, pidió revisar integralmente el proyecto para garantizar que refleje realmente el enfoque de crear condiciones y promover el desarrollo, evitando que prevalezcan las medidas tradicionales de apoyo.
En materia de crédito, el órgano evaluador consideró que las disposiciones siguen siendo generales y no resuelven completamente las dificultades de las empresas para acceder al capital. También recomendó revisar el mecanismo del fondo de apoyo a los tipos de interés.
Respecto a las políticas tributarias, contables, científicas, tecnológicas y de transformación digital, apoyó los incentivos y reducciones fiscales para las pymes y los hogares comerciales, pero señaló que algunas disposiciones aún no son coherentes con la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas. Por ello, propuso regular las políticas tributarias de manera uniforme en la legislación fiscal especializada.
También pidió revisar la viabilidad de las medidas de apoyo a los terrenos destinados a la producción, así como aclarar los criterios para determinar las empresas emergentes innovadoras y los fondos privados de capital de riesgo que podrán beneficiarse de las políticas.
En caso de utilizar recursos públicos para aportaciones de capital o inversiones fiduciarias, deberán definirse claramente las competencias, el alcance de la participación estatal, los mecanismos de gestión y distribución de riesgos y la responsabilidad de preservar el capital público.
En materia de compras públicas, el Comité Permanente subrayó la necesidad de garantizar la viabilidad de los mecanismos de contratación y adjudicación directa para las pymes, evitando infracciones de la legislación sobre licitaciones y posibles incumplimientos de los compromisos internacionales.
Para los hogares comerciales que se transformen en empresas, el órgano evaluador coincidió con el objetivo de reducir los costos de entrada al mercado, pero pidió precisar los beneficiarios, la duración y las fuentes de financiación de las ayudas.
El Comité Permanente de la Asamblea Nacional destacó finalmente que el proyecto debe garantizar la publicidad y transparencia y evitar nuevos procedimientos administrativos o mecanismos de “solicitud y concesión”. Asimismo, pidió delimitar las responsabilidades de los ministerios, organismos y autoridades locales y reforzar el intercambio de datos para evitar que las empresas tengan que presentar nuevamente información que ya obra en poder de las autoridades./.
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