Hanoi (VNA) – En la jornada final del primer período de sesiones de la XVI legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam (AN, Parlamento), el órgano legislativo aprobó hoy, mediante votación, una serie de contenidos clave de leyes y resoluciones.
Se tratan de la Resolución sobre la aprobación de la liquidación del presupuesto estatal de 2024; la Ley que modifica y complementa varios artículos de cuatro leyes tributarias; la Resolución sobre el programa de supervisión parlamentaria para 2027; y la Resolución que establece una delegación de supervisión temática sobre la gestión y el uso de bienes públicos, en particular las sedes de trabajo tras la reorganización del aparato administrativo y las unidades territoriales.
En materia presupuestaria, el Parlamento aprobó por unanimidad (492 de 492 diputados presentes) la Resolución que ajusta al alza la previsión de ingresos del presupuesto estatal de 2024 y ratifica su liquidación.
Según el informe del Gobierno, la transferencia de recursos presupuestarios de 2024 a 2025 se llevó a cabo conforme a la normativa vigente, con un total de unos 57.600 millones de USD, de los cuales el presupuesto central representa más de 21.700 millones de USD y los presupuestos locales cerca de 35.800 millones de USD.
La AN decidió incrementar la previsión de ingresos del presupuesto estatal de 2024 en unos 550 millones de USD, de los cuales 136 millones de USD corresponden al nivel central y 414 millones de USD a los gobiernos locales. Los ingresos totales superan los 136.000 millones de USD, mientras que el gasto se sitúa en torno a 143.600 millones de USD.
El Parlamento reconoció los esfuerzos del Gobierno en la conducción de la política fiscal en coordinación con la política monetaria, contribuyendo a apoyar a empresas y ciudadanos, así como a impulsar la recuperación económica.
La Resolución también exige al Ejecutivo hacer pública la liquidación presupuestaria, esclarecer responsabilidades de organizaciones e individuos que infrinjan las normas de gestión presupuestaria y sancionar estrictamente las violaciones. Asimismo, la Auditoría Estatal continuará divulgando los resultados de las auditorías y la lista de entidades que no cumplan con sus recomendaciones.
Respecto al programa de supervisión para 2027, la AN lo aprobó con respaldo absoluto. En consecuencia, durante ese año el Parlamento examinará decenas de informes del Gobierno y organismos competentes, además de celebrar dos sesiones de interpelación y respuesta.
Entre los temas prioritarios de supervisión figuran la implementación de políticas y leyes sobre el seguro social en el período 2021–2026, así como la gestión y el uso de bienes públicos tras la reestructuración del aparato administrativo.
La Asamblea encomendó al Comité Permanente la organización y ejecución de las actividades de supervisión, permitiendo ajustes flexibles del programa según las condiciones reales. Los órganos parlamentarios y los diputados deberán elaborar activamente sus planes de supervisión y presentar informes conforme a la normativa.
En la misma jornada, el Parlamento aprobó la Resolución para crear una delegación de supervisión sobre “la implementación de políticas y leyes relativas a la gestión y uso de bienes públicos como sedes de trabajo tras la reorganización institucional y administrativa”.
El objetivo es evaluar de manera integral la situación del uso de dichas sedes, garantizar una asignación racional, evitar el despilfarro y la pérdida de activos estatales, así como esclarecer las limitaciones, dificultades y responsabilidades de las entidades implicadas. El ámbito de supervisión abarca al Gobierno, ministerios, sectores, administraciones locales y organizaciones e individuos relacionados en todo el país.
También en la mañana del 24 de abril, la AN aprobó la Ley que modifica y complementa disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta Personal, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley del Impuesto sobre la Renta de Sociedades y la Ley del Impuesto Especial al Consumo, con 466 de 488 votos a favor.
Entre los aspectos más destacados se incluyen la exención del impuesto sobre la renta personal para individuos con actividades comerciales cuyos ingresos no superen el umbral que determine el Gobierno; la exención del IVA para bienes y servicios de pequeños hogares y negocios individuales; y la exención del impuesto sobre la renta empresarial para empresas con ingresos por debajo del nivel establecido.
Los umbrales específicos serán fijados por el Gobierno, en función de la situación macroeconómica y la capacidad de equilibrio presupuestario en cada etapa, con el fin de garantizar flexibilidad y adecuación a la realidad del desarrollo socioeconómico./.
