Hanoi (VNA) - La ratificación de la Convención de las Naciones Unidas (ONU) contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi) debe entenderse como el inicio de un compromiso sostenido y no como una meta cumplida, afirmó la jefa de la Oficina Regional para el Sudeste Asiático y el Pacífico de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), Delphine Schantz.
En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la representante de la ONU destacó que Vietnam se convirtió en el primer país del Sudeste Asiático y el tercero del mundo en ratificar la Convención, un paso que, a su juicio, refleja un fuerte compromiso político y una creciente proyección internacional del país en la lucha contra el cibercrimen.
Schantz señaló que la aprobación de este instrumento internacional implicó revisar el marco jurídico nacional, reforzar la coordinación entre las instituciones competentes y movilizar una amplia voluntad política. Consideró además que la rapidez con la que Vietnam avanzó desde la firma del tratado en Hanoi, en octubre del año pasado, constituye un referente para otros países de la región.
La funcionaria advirtió que el Sudeste Asiático enfrenta amenazas digitales cada vez más complejas, entre ellas estafas en línea a gran escala, redes criminales que retienen a miles de víctimas, explotación sexual infantil en internet, violencia digital contra las mujeres y lavado de dinero mediante criptomonedas.
Ante este panorama, sostuvo que la respuesta requiere una cooperación más estrecha en los ámbitos jurídico, judicial y operativo, en la que Vietnam está llamado a desempeñar un papel activo.
La representante de la UNODC destacó también la cooperación mantenida durante años con las autoridades vietnamitas en áreas como la prevención de la violencia contra mujeres y niños, las investigaciones de ciberdelitos, el manejo de pruebas digitales y la reforma legislativa.
Al referirse al trabajo conjunto entre organismos internacionales, Schantz explicó que INTERPOL, la Unión Interparlamentaria (UIP) y la UNODC cumplen funciones complementarias. Mientras INTERPOL coordina operaciones policiales y el intercambio de inteligencia en tiempo real, la UIP apoya a los legisladores en la adecuación de las leyes nacionales a las disposiciones de la Convención. Por su parte, la UNODC se enfoca en el fortalecimiento institucional, la asistencia jurídica y la capacitación de autoridades, fiscales y fuerzas de seguridad.
Según indicó, esta coordinación ya muestra resultados concretos mediante campañas de sensibilización, programas de formación, intercambio de conocimientos y el desarrollo de mecanismos comunes para supervisar la aplicación del tratado. Sin embargo, remarcó que aprobar leyes no es suficiente si estas no se implementan de manera efectiva.
Desde una perspectiva regional, Schantz consideró que los países del Sudeste Asiático avanzan a diferentes ritmos en la preparación para ratificar y aplicar la Convención de Hanoi. Algunos cuentan ya con marcos legales consolidados, unidades especializadas y acuerdos bilaterales para compartir pruebas y cooperar en investigaciones, lo que facilitará una implementación más rápida.
Otros Estados, en cambio, todavía necesitan fortalecer sus capacidades jurídicas y técnicas, por lo que requerirán más tiempo y apoyo internacional. Aun así, destacó que existe un consenso político creciente en la región, reflejado en recientes declaraciones ministeriales de la ASEAN, que sitúan al cibercrimen entre las principales prioridades gubernamentales.
A juicio de la representante de la ONU, el mayor desafío ya no es político, sino técnico y operativo. Entre las tareas más urgentes mencionó el fortalecimiento de los sistemas de detección y prevención, así como la mejora de la cooperación transfronteriza frente a delitos cada vez más sofisticados.
Schantz identificó además varios obstáculos en el proceso de adaptar las disposiciones de la Convención a las legislaciones nacionales. Entre ellos citó la complejidad técnica de redactar nuevas normas, las tensiones entre las necesidades de investigación y la protección de la privacidad, y la necesidad de evitar que vacíos legales afecten especialmente a mujeres y niños.
La funcionaria subrayó igualmente la brecha existente entre la velocidad con que evolucionan las leyes y la capacidad técnica de investigadores, fiscales y jueces para enfrentar los delitos digitales.
Para garantizar una implementación efectiva de la Convención, recomendó a los Estados elaborar planes de largo plazo con responsabilidades claras y recursos suficientes, además de mantener programas permanentes de capacitación para las autoridades encargadas de combatir el cibercrimen.
Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación nacional e internacional para facilitar el intercambio de pruebas, la extradición de sospechosos y las investigaciones conjuntas.
Finalmente, Schantz destacó la importancia de incorporar al sector privado como socio estratégico mediante alianzas público-privadas. Las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, señaló, poseen gran parte de las pruebas digitales necesarias para las investigaciones, por lo que una cooperación transparente y equilibrada con estas compañías puede reforzar significativamente la respuesta global frente al cibercrimen./.
