Hanoi (VNA)-Resulta necesario perfeccionar el mecanismo de fijación de precios de la electricidad en aras de una mayor transparencia, un control estricto de los costes, una distribución adecuada de los riesgos y la garantía de los derechos e intereses de los usuarios.
Así lo recomendaron los delegados durante la primera Conferencia de diputados a tiempo completo de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, llevado a cabo hoy en Hanoi.
La ley que modifica y complementa diversos artículos de la Ley de Electricidad fue uno de los temas sobre los que los delegados centraron sus comentarios durante esta conferencia.
Los participantes aplaudieron la necesidad de modificar la Ley de Electricidad para perfeccionar aún más los mecanismos y las políticas de desarrollo del sector y garantizar la coherencia del sistema jurídico.
La reforma también tiene como objetivo institucionalizar los lineamientos del Partido sobre el desarrollo en el campo, al tiempo que perfecciona los mecanismos y políticas establecidos en la Ley de Electricidad de 2024 y la Resolución n.º 253/2025/QH15 sobre el desarrollo energético nacional para el período 2026-2030.
Según la diputada Nguyen Thi Viet Nga de la ciudad de Hai Phong, es necesario establecer mecanismos eficaces para movilizar inversiones destinadas al desarrollo de las fuentes de generación y las redes eléctricas, garantizando un suministro estable de la materia y la seguridad energética nacional.
Sin embargo, cualquier cambio en el mecanismo de fijación de precios de la electricidad también debe analizarse detenidamente desde la perspectiva de los intereses de los consumidores y del interés nacional, sugirió.
Asimismo, hizo hincapié en la importancia de aclarar qué costes se consideran razonables para su recuperación, qué riesgos son responsabilidad del inversor y en qué casos dichos costes se trasladan a las tarifas eléctricas que pagan la población y las empresas. No se puede equiparar todos los costes reales de un proyecto con costes razonables que la sociedad deba asumir, argumentó.
El método de cálculo de los precios, el margen de beneficio y los procedimientos específicos puedan ser regulados en detalle por el Gobierno, prestando especial atención a los mecanismos de inspección y auditoría de los costes; excluyendo los costes irrazonables derivados de una gestión deficiente o de inversiones ineficientes; y aclarando cómo deben tratarse los costes adicionales que repercutan en los precios minoristas de la electricidad, entre otros aspectos relativos, comentó.
Por su parte, al aportar opiniones sobre el mecanismo de desarrollo de proyectos y el mercado eléctrico, la diputada To Ai Vang de la ciudad de Can Tho señaló que el proyecto de ley establece que el Estado contará con mecanismos para desarrollar proyectos de electricidad acordes con el nivel de desarrollo de un mercado eléctrico competitivo, sobre la base de garantizar la seguridad energética, la seguridad financiera nacional y los intereses del Estado y de la población.
Sin embargo, dijo que a pesar de los avances logrados en el mecanismo de compra directa de energía y en el mercado competitivo de electricidad, la determinación de los precios de la electricidad y la negociación de los contratos de compraventa de energía siguen siendo cuellos de botella.
Algunos grandes proyectos de generación eléctrica se ven actualmente con retraso debido a la falta de un marco jurídico adecuado, mientras que el actual modelo de compraventa de electricidad sigue dependiendo en gran medida del Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN).
El Gobierno necesita promulgar mecanismos específicos que permitan garantizar a largo plazo un porcentaje mínimo de la producción eléctrica contratada, así como aplicar en los contratos de compraventa de electricidad (PPA) un mecanismo de ajuste de los precios en función de la variación de los precios de los combustibles de entrada.
En la ocasión, los delegados también formularon observaciones sobre el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Protección del Medio Ambiente.
Según el diputado Dang Ngoc Huy de Quang Ngai, la normativa que obliga a los hogares y particulares a clasificar los residuos sólidos domésticos en origen entró en vigor el 1 de enero de 2025, pero, casi dos años después, su aplicación sigue siendo poco rigurosa y desigual en muchos lugares. Esta realidad demuestra que es necesario examinar no solo la responsabilidad de la población, sino también el diseño de las políticas y la organización de su implementación.
La clasificación de los residuos en origen debe ser responsabilidad de todo el sistema, y no solo una obligación de la población. Por ello, el proyecto de ley debe establecer claramente las responsabilidades de las entidades encargadas de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos, garantizando que los residuos ya clasificados no vuelvan a mezclarse, reiteró.
El delegado Nguyen Dang An de Lang Son subrayó que, para las provincias montañosas y las zonas con dificultades socioeconómicas —donde escasean las instalaciones de tratamiento de residuos que cumplen con la normativa y resulta difícil atraer inversores—, el Estado debería priorizar el apoyo a la inversión o la inversión directa con cargo al presupuesto; asimismo, busca fomentar el desarrollo de instalaciones de tratamiento de residuos basadas en modelos interprovinciales o interregionales adaptados a las condiciones reales.
En la conferencia, los asistentes también también aportaron ideas sobre los proyectos de Ley de Recursos Naturales, Medio Ambiente Marino e Islas (modificada) y de Ley de Servicios Postales (modificada)./.
VNA
