Hanoi, 4 oct (VNA)- El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang firmó la Decisión Nº 1919/QD-TTg, por la que se revisan y complementan varias disposiciones de la Decisión Nº 412/QD-TTg, de fecha 31 de marzo de 2022, que aprobó el plan para mejorar la calificación crediticia soberana de Vietnam hasta 2030.
La decisión actualiza varios objetivos y soluciones clave del plan, haciendo mayor hincapié en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital. Según la decisión, Vietnam aspira a convertirse para 2030 en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingreso mediano alto, al tiempo que construye un sistema de gobernanza competitivo y eficaz y una economía dinámica impulsada por la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.
El país continuará mejorando su entorno de inversión y negocios, aumentando la eficacia de las relaciones exteriores y la integración internacional, protegiendo el medio ambiente, adaptándose al cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo un crecimiento verde, circular y bajo en carbono.
Se espera que estos esfuerzos mejoren la posición y la reputación internacional de Vietnam y faciliten la elevación de su calificación crediticia soberana al grado de inversión, contribuyendo así a reducir los costos de endeudamiento y los riesgos crediticios soberanos.
El objetivo específico es alcanzar para 2030 una calificación crediticia soberana de al menos Baa3 por parte de Moody’s o BBB- por parte de S&P y Fitch.
Para el período 2026-2030, Vietnam fija como objetivo un crecimiento medio anual del PIB de al menos el 10%, con un PIB per cápita de alrededor de 8.500 dólares en 2030. Se prevé que la inversión social total represente en promedio alrededor del 40% del PIB, mientras que la inversión pública supondrá entre el 20% y el 22%.
El déficit presupuestario se situará en torno al 5% del PIB en promedio durante el período, mientras que la deuda pública se mantendrá por debajo del 60% del PIB y la deuda gubernamental por debajo del 50%.
En el sector bancario, se espera que el coeficiente mínimo de adecuación de capital de los bancos comerciales se aproxime a los estándares de Basilea III y alcance el 8,625 % como máximo en 2030. El país también fortalecerá sus reservas de divisas cuando las condiciones lo permitan.
Entre los objetivos sociales y medioambientales figuran elevar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) hasta alrededor de 0,8, mantener la cobertura forestal en el 42%, recolectar y tratar alrededor del 70% de las aguas residuales domésticas en las zonas urbanas de grado I y superior para 2030 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 8% y un 9%.
El plan revisado exige fortalecer las finanzas públicas, ampliar las fuentes de ingresos sostenibles, mejorar los indicadores de deuda y consolidar la estabilidad fiscal. La política fiscal seguirá siendo proactiva, flexible y prudente, equilibrando el apoyo al crecimiento económico con la estabilidad fiscal a mediano y largo plazo. La gestión de la deuda pública se seguirá mejorando mediante un control estricto del crecimiento de la deuda y el fortalecimiento de la gestión de los riesgos de la cartera, mientras que se supervisarán de cerca los pasivos contingentes derivados de las garantías gubernamentales, las asociaciones público-privadas y las empresas estatales.
La decisión también hace hincapié en el fortalecimiento del sistema bancario y la modernización de la gobernanza bancaria de conformidad con los estándares internacionales, incluidos los de Basilea III, al tiempo que mejora la transparencia, accesibilidad, puntualidad y calidad de los datos bancarios.
La política crediticia se gestionará de acuerdo con la evolución macroeconómica y de los mercados monetarios para controlar la inflación, mantener la estabilidad macroeconómica y apoyar un crecimiento sostenible. El crédito se orientará hacia la producción, las actividades empresariales, los sectores prioritarios y los principales motores del crecimiento, mientras que los riesgos en ámbitos potencialmente vulnerables serán controlados estrictamente.
La decisión también pide aplicar las soluciones previstas en la Resolución Nº 79-NQ/TW sobre el desarrollo del sector económico estatal, centrándose en mejorar la eficiencia y la gobernanza de las empresas estatales, promover la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde, así como reestructurar el capital estatal en las empresas.
Se encomienda a los ministerios y organismos competentes reforzar la coordinación con las agencias de calificación crediticia soberana y las organizaciones internacionales, mejorar la calidad y frecuencia de la publicación de datos oficiales en línea y adoptar un papel más proactivo en las reuniones, conferencias y foros de evaluación de las calificaciones.
Los ministerios y organismos competentes supervisarán directamente la labor relacionada con la calificación crediticia soberana dentro de sus respectivos sectores y participarán en las sesiones de evaluación para proporcionar información clara, oportuna y convincente a las agencias de calificación y las organizaciones internacionales./.
VNA
